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Hasta antes de las internas del 18 de diciembre, para Honor Colorado, el gobierno de Mario Abdo Benítez era “el más corrupto de la historia”, mientras que para Fuerza Republicana, Santiago Peña era un “liberal” y mero “títere” del “significativamente corrupto” expresidente Horacio Cartes, y si bien ahora ambos sectores buscan ser “todos 1″, hay proyectos en diputados que pueden impedir el “abrazo republicano”.
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Uno de los principales “escollos” para el cartismo es el proyecto de Ley contra “puertas giratorias”, ya que uno de los mayores referentes es precisamente Santiago Peña, que de ministro de Hacienda pasó a ser empleado del Banco Basa, al servicio del grupo empresarial del expresidente Cartes, mientras que ahora busca ser presidente de la mano del mismo.
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La mala noticia para HC es que el proyecto se encuentra en su cuarto trámite, es decir, ya no puede ser rechazado. Diputados únicamente tienen las opciones de optar por aceptar la versión Senado o ratificarse en su versión, que plantea mínimos cambios.
La tercera alternativa es cajonear indefinidamente el tratamiento del proyecto, ya que en el caso de sancionarse, difícilmente el presidente Abdo Benítez lo vete, ya que fue una de sus promesas desde la campaña electoral en 2017 hasta agosto del año pasado, cuando dio su último informe de gestión ante el Congreso.
Este proyecto de ley, del cual también tiene mucho mérito la oposición en ambas Cámaras del Congreso, es importante por una parte para evitar los casos de “puertas giratorias”, como definen los proyectistas a altos funcionarios estatales, que tras egresar de la función pública, son contratados en empresas privadas del mismo rubro, pudiendo aprovechar información privilegiada.
Además busca prevenir y castigar casos de conflicto de interés, ya sea de administradores del Estado que concedan licitaciones a empresas a su nombre o ligadas a allegados, así como legisladores que voten por proyectos que puedan favorecer sus intereses.
El IPS como moneda de cambio
El cartismo además creó un mecanismo de presión a través del proyecto de derogación de la Ley que faculta al Instituto de Previsión Social (IPS) a adquirir millonarias deudas para supuestamente financiar el deficitario programa de enfermedad y maternidad.
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El propio Honor Colorado permitió crear el problema que, supuestamente, luego en campaña por las internas repudiaron, ya que varios de sus legisladores dieron quorum para que el proyecto sea sancionado.
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Varios sectores políticos y sociales, incluido nuestro diario, advirtieron de lo riesgoso que sería aprobar esta ley, sobre todo teniendo en cuenta que no había claridad sobre la composición de la deuda, y aún así varios legisladores –incluidos del cartismo– sancionaron el proyecto.
Ya en la última sesión del año pasado en Diputados, el cartismo ni se acordó de este proyecto que en una sesión anterior consideraban “urgente”.
Intervenciones podrían ir al oparei
Así como ambas facciones de la ANR tienen proyectos sensibles, y a sus respectivos “significativamente corruptos”, también cuentan con cuestionados administradores municipales sobre los cuales pesan pedidos de intervención.
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En el caso de Honor Colorado tienen en sus filas a Gustavo Rodríguez (ANR, HC), actualmente intendente apartado de San Pedro del Ycuamandyyú mientras dure la intervención a cargo de Amancio Rivas.
Según Contraloría, Rodríguez habría incurrido supuestamente en malversación de fondos por G. 2.500 millones y el pedido de intervención tuvo el respaldo del oficialismo colorado ya que el intendente era además candidato a diputado de HC, pero perdió.
Con esta derrota y pasadas las internas, es muy probable que el abrazo republicano alcance al cuestionado intendente, ya que en la otra vereda está en casi la misma situación Hilario Adorno (ANR, FR), intendente de Puerto Casado.
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Concejales municipales también aprobaron la intervención a la gestión de Adorno, que en poco más de un año de gestión, según las denuncias, ya habría incurrido en serias irregularidades tales como entregar cheques al portador y vaciar las cuentas de la institución.
A esto hay que sumarle el hermano de Hilario, el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo “Mino” Adorno (ANR, FR), quien ganó la chapa colorada para la diputación por ese departamento, con lo que inmediatamente cesaron los “tiroteos” desde el cartismo por su presunta mala gestión departamental.
“Mino” Adorno es uno de los tantos gobernadores colorados con denuncias cajoneadas por presunto desvío de fondos covid, por lo que con el “Somos todos 1″ ya no corresponde que sigan los “ataques”, puesto que sino también deberían ir contra los gobernadores y actuales candidatos a senadores César “Tigre” Ramírez (Canindeyú-ANR, HC); Juan Carlos Baruja (Paraguarí- ANR, HC); Juan Carlos Vera (Guairá-ANR, HC), Pedro “Pipo” Díaz Verón (Caazapá-ANR, HC), entre otros.
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Finalmente, también seguirían congelados los pedidos de desafuero contra Esteban Samaniego (ANR, HC) y Éver Noguera (ANR, FR), que hace varios meses ya fueron dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, pese a lo cual nunca fueron tratados.
Samaniego sería protegido por ser cabeza en la lista a diputados por Paraguarí, mientras que Noguera al perder la pelea por la Gobernación podría ser “ayudado”.
Liderazgos “significativos”
Hasta antes de las internas, la bancada de Honor Colorado en Diputados estaba integrada por 27 miembros, mientras que Fuerza Republicana reunía a 16 diputados. Con este “abrazo republicano” podría darse una inédita unidad total en la Cámara Baja.
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Otro factor común en ambas facciones es que tras las internas, han tomado protagonismo en cuanto a liderazgo los dos designados “significativamente corruptos” Horacio Cartes (Honor Colorado) y el vicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana). De darse la unión, la ANR tendrá mayoría propia en Cámara Baja, pero no la suficiente para cambiar la mesa directiva.