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Constituida el 25 de febrero de 2013, Río Salado SA se ha convertido en la empresa cabecera del clan Fretes, cuyo referente es el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes. Esta firma nació con un capital de apenas G. 2.000 millones y a escasos dos años la cifra aumentó a G. 20.000 millones, siendo los principales aportantes –según los documentos– Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del máximo exponente del Poder Judicial.
Los estatutos de la compañía describen como sus actividades la adquisición y/o administración de carteras de créditos de terceros, efectuar inversiones, tomar participación en cualquier negocio o empresa, asesoría integral a emprendimientos agroganaderos y forestal, impacto ambiental, montaje y ensamblaje de complejos industriales, comercialización y venta de espacios publicitarios, promociones, consultoría personal y empresarial.
También está la comercialización de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, alquileres, arrendamientos, así como su explotación por sí, por terceros o por cuentas de terceros y administración de bienes raíces.
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Precisamente, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Río Salado SA está registrada con el rubro principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Es decir, sus ingresos provienen del negocio inmobiliario, sector sujeto a las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antiavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.
La legislación establece que las personas físicas como también jurídicas dedicadas a ese rubro deben estar registradas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Sin embargo, la poderosa empresa del clan Fretes no figura en la nómina de los sujetos obligados registrados, de acuerdo a las verificaciones realizadas a través del portal web de esta cartera de Estado.
Empresa del clan Fretes, con millones en movimientos
Río Salado SA es la empresa de la rosca que registra además multimillonarios movimientos de dinero en los últimos nueve años. La empresa figura con acciones por más de G. 10.000 millones, distribuidos en dos bancos –uno de ellos Banco Continental–, Patria SA de Seguros y Reaseguros, Negocios y Servicios SA, Itacuá Bienes Raíces, Carsa (Compañía Administradora de Riesgos), Ahoraité SA (casa de préstamos) y Tebicuary Campos & Hacienda SA.
La compañía, igualmente, aparece con varios inmuebles bajo su nombre, varios de ellos en zonas privilegiadas de Asunción y con alto valor inmobiliario. A todo esto, se suman los millonarios depósitos bancarios y Certificados de Depósito de Ahorros (CDA).
El volumen de dinero en efectivo que maneja la empresa incluso obligó en 2019 a un banco de plaza a suspenderle sus operaciones porque se desconocía el origen. El 19 de noviembre de 2018, Río Salado SA abrió una caja de seguridad en el banco Continental, siendo el primer beneficiario el presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes.
Fiscalía, un cliente muy particular de los Fretes
Río Salado SA, empresa dedicada al negocio inmobiliario y que no figura en la nómina de sujetos obligados registrados ante la Seprelad, tiene un cliente muy particular. Se trata de la Fiscalía General del Estado, quien arrienda un inmueble de esa empresa localizado en el barrio Obrero de Asunción.
La finca está identificada con la cuenta corriente catastral número 11-0194-04, ubicada en el distrito La Catedral de Asunción. Tiene una superficie de 1.381 metros cuadrados y situada sobre la calle Juan Escalada N° 121 e/ Independencia Nacional y Nuestra Señora de la Asunción, según el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El acuerdo es por un monto total de G. 216 millones para un periodo de 24 meses (2022- 2023). Es decir, G. 9.000.000 en forma mensual.
Los registros catastrales detallan que cuenta con el antecedente de transferencia judicial en el año 2010. Esto significa que su origen es de un remate judicial, de acuerdo a fuentes.
Datos oficiales detallan que en ese sector existían inmuebles del quebrado Banco General y que fueron a remate, coincidentemente, entre los años 2007 y 2010. Este proceso estuvo a cargo de la Sindicatura General de Quiebras.
Superior a G. 1.000 millones
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló ayer a ABC que la cifra con relación a los ingresos no declarados por el clan Fretes ante el Fisco es superior a los G. 1.000 millones. Es un valor importante en términos generales, señaló sin precisar cifra por motivos de investigación.
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El titular de la SET indicó que continúan los trabajos de control para determinar las inconsistencias en las declaraciones realizadas por el hijo del presidente –con permiso– del Poder Judicial. Señaló que las tareas están centradas en el control tributario y la inteligencia tributaria, área que trabaja en forma directa con la Fiscalía.
El Ministerio Público designó a las fiscalas Natalia Silva, María Luján Estigarribia y Luz Guerrero para investigar este caso. Sin embargo, hasta ahora no existe un avance significativo de las pesquisas.
Orué había señalado días atrás que en el ámbito de Tributación se encontraron inconsistencias en uno de los integrantes del clan Fretes, sin precisar nombres.
Otros trabajos
La Contraloría General de la República (CGR) también trabaja en las revisiones de correspondencia de bienes de los hijos de Antonio Fretes, Asdrúbal y Amílcar, además de sus respectivas parejas.
Igualmente, se investiga la situación patrimonial del exsíndico de Quiebras Blas Velázquez Fernández y de su esposa, la jueza Clara Isasi, estos últimos parte de una rosca protegida por el ministro del Poder Judicial.