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Depósitos millonarios, sin consignar el origen, luego retirados a través de cheques, era la operativa de las empresas del clan Fretes, cuyo referente es el ministro y presidente -con permiso- de la Corte, Antonio Fretes. Esta situación obligó al comité de cumplimiento de un banco de plaza a recomendar la suspensión de las operaciones en efectivo de Río Salado SA y de la casa de créditos Ahoraité SA, donde los principales accionistas son Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Fretes).
Los registros dan cuenta que el 16 de enero de 2019 tanto Río Salado SA como Ahoraité SA, recibieron la misma comunicación de inconsistencia en sus operaciones.
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Sobre Río Salado SA, firma considerada como cabecera de los negocios de la rosca, decía que era reacia a la entrega de documentaciones, pese a reiterados requerimientos y a que registraba movimientos constantes de dinero en efectivo. Es por ello que el banco decidió NO OPERAR más en efectivo con esa firma, que el 30 de noviembre de 2018 hizo un depósito en efectivo de US$ 100.500 (más de G. 650 millones), cuyo origen también se desconoce.
Con relación a la casa de créditos Ahoraité SA, en tanto, decía que la empresa ni siquiera presentó la documentación tributaria suficiente que justifique los movimientos en su cuenta. Ante esta situación y los constantes depósitos en efectivo, que luego son extraídos en cheque, la entidad bancaria decidió también CANCELAR las operaciones en efectivo.
Las alertas eran para dos empresas muy conectadas al ministro del Poder Judicial. Sin embargo, los reportes no lo alcanzaron a él, pese a ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Una PEP es alguien que desempeña o se ha desempeñado en cargos públicos de relevancia.
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La resolución número 050/2019 de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) dice que también son PEP por vínculo los parientes de la PEP, en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Antonio Fretes tampoco declara
El ministro Antonio Fretes figura con una sospechosa operación de transferencia de G. 1.300 millones de una cuenta a otra. Esta transacción lo realizó en mayo de este año, siete meses después de la firma del contrato entre Amílcar Fretes -hijo del integrante del Poder Judicial- con un familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi. Para este acuerdo se desembolsaron US$ 368.000, más de G. 2.545 millones.
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Antonio Fretes dijo que los G. 1.300 millones correspondían a “ahorros”; sin embargo, no pudo justificar a través de documentos esta versión.