Presidente de la Corte movió más de G. 1.300 millones sin justificar origen

El presidente -con permiso- de la Corte, Antonio Fretes, tuvo una sospechosa movida de G. 1.300 millones de una cuenta a otra en mayo de este año. Según el ministro, el dinero correspondía a “ahorros”; sin embargo, no pudo justificar con documentos esta versión. Llamativamente, esta transacción se realizó siete meses después de que Kassem Mohamad Hijazi haya pagado a Amílcar Alfredo Fretes Escobar -hijo del ministro Fretes- US$ 368.000, unos G. 2.545 millones, para evitar su extradición a EE.UU.

Antonio Fretes
Antonio Fretes, presidente -con permiso- de la Corte Suprema no justificó con documentos el origen de más de G. 1.300 millones.Gentileza/Corte Suprema de Justicia (CSJ)

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Siete meses después de la firma del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado entre Amílcar Alfredo Fretes Escobar y Sharif Kassem Hijazi (familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi), el ministro y presidente -con permiso- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, aparece con llamativas transferencias por más de G. 1.300 millones entre dos cuentas bancarias a su nombre, según detallan documentos en poder de nuestro diario.

Amílcar Fretes, hijo del ministro del Poder Judicial, firmó el acuerdo en el que hablaba de una salida jurídica para Hijazi, el 30 de setiembre de 2021, mientras que Antonio Fretes realizó dichos movimientos de dinero en mayo de este año.

Los antecedentes dan cuenta de que el hijo del ministro de la Corte cobró por el trabajo US$ 368.000, más de G. 2.545 millones. Antonio Fretes, en tanto, realizó las transferencias de una cuenta en un banco a otra cuenta suya en otra entidad bancaria por más de G. 1.300 millones.

Los datos revelan que esta transacción realizada por el presidente de la Corte levantó sospechas porque superaba su perfil transaccional promedio que solo era -hasta entonces- un poco más de US$ 6.800 (G. 48.000.000).

Al ser consultado por la entidad bancaria, Antonio Fretes declaró que el origen del volumen transferido correspondía a sus “ahorros”. Sin embargo, era un volumen no habitual en su comportamiento y no contaba con documentaciones que permitan comprender lo declarado, dicen los registros.

Otro movimiento “raro”

Los G. 1.300 millones no fueron el único movimiento sin respaldo documental necesario en el historial financiero del ministro de la Corte Antonio Fretes. El 10 de mayo de 2018, el presidente de la Corte también tuvo una operación inusual por G. 351 millones.

Los documentos muestran que Antonio Fretes entonces tampoco declaró el origen y no remitió los documentos correspondientes a las operaciones, “motivo por el cual no se podía asumir fehacientemente el origen de los fondos”. Se consideraba que los movimientos no guardaban relación con su perfil del presidente de la Corte, mencionan los datos.

Ingresos sin declarar

Otros datos señalan igualmente que el hijo del ministro de la Corte, Amílcar Fretes, habría ocultado a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) más de G. 1.000 millones de ingresos por servicios profesionales en los últimos cinco años.

Asdrúbal Fretes Valenzano aparece junto a Lourdes González, su socia comercial.
Asdrúbal Fretes junto a su infaltable socia Lourdes González.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó días atrás a ABC que la SET detectó inconsistencias en uno de los integrantes del clan Fretes. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre de quién exactamente se trataría.

“Se van entregando los informes que tenemos. En el ámbito de Tributación hay inconsistencias; encontramos inconsistencias en uno de los integrantes. Esto es hasta el momento y es un trabajo que se continúa con mi equipo”, había señalado.

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de revisiones de correspondencia de bienes de Asdrúbal y Amílcar Fretes, además de sus respectivas parejas. Se investiga también la situación patrimonial del exsíndico Blas Velázquez Fernández y de su esposa, la jueza Clara Isasi, estos últimos parte de una rosca protegida por el ministro Fretes.

Llamativa operación entre padre e hijo

El presidente -con permiso- de la Corte, Antonio Fretes, figura igualmente con un llamativo negocio con su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano. Se trata de una compra/venta de bienes muebles registrables, según los datos.

La transacción tuvo lugar el 27 de agosto de 2020 y aparece como vendedor Asdrúbal Fretes, mientras que el comprador es su padre, el ministro Antonio Fretes. Según figura, la operación fue por US$ 50.000 (G. 360 millones) con la observación de transferencia por dación de pago.

Los bienes muebles registrables corresponden a buques o aeronaves como también en algunos casos acciones en empresas, de acuerdo a nuestras fuentes.

De funcionario a empresario

Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano es quien salta como el principal inversionista del clan Fretes. Su nombre figura en la constitución o representación de empresas con millonarios capitales.

Este crecimiento, sin embargo, se dio en menos de una década atendiendo que hasta el año 2016 era un modesto funcionario del Ministerio Público, según hizo constar en sus declaraciones juradas.

Cuando aún estaba en la Fiscalía ingresó a la poderosa empresa Río Salado SA, como director titular. Luego en 2015 -meses antes de renunciar del MP- constituye la casa de créditos Ahoraite SA junto a su infaltable compañera de “inversiones”, la abogada Lourdes Beatriz González Gómez.

Asdrúbal actualmente está en el negocio bancario, de cobranzas, inmobiliarios y seguros.

Otros socios

Asdrúbal Fretes asimismo figura asociado con otras personas conocidas, detrás de concretar negocios con el Estado. Es el caso de Gregorio Daniel Acosta Talavera, que intentó vender al Indert 2.000 ha con títulos de dudosa autenticidad.

Acosta Talavera, según los registros comerciales, constituyó el 13 de febrero de 2019 con Asdrúbal Fretes, Reinaldo Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte, Víctor Núñez) la empresa denominada Greclas SA. El capital inicial era de G. 5.000 millones.

Acosta es el que también aparece reclamando al Estado paraguayo US$ 40 millones, más intereses, como indemnización por la detención, tortura y asesinato del joven Joel Filártiga, sin siquiera ser pariente cercano.

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