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Hace más de un año que la fiscala María Estefanía González tiene en su poder la carpeta abierta contra el expresidente Horacio Cartes tras la denuncia presentada por supuesta declaración jurada falsa.
González fue denunciada por abogados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debido a que participó de elecciones internas de la Asociación Nacional República – Partido Colorado pese a que la misma tiene expresa prohibición de participar en actividades partidarias.
A lo largo de este tiempo, la representante del Ministerio Público prácticamente no movió el expediente.
La denuncia contra Cartes fue presentada el 8 de octubre de 2022 por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre Sasiain, candidato de la Concertación a la presidencia de la República.
Alegre hizo dicha presentación luego de que la filtración mundial conocida como “Pandora Papers” revelara que Cartes manejó una empresa de portafolio en Panamá durante los años de su mandato y no la incluyó en ninguna de las declaraciones juradas de bienes y rentas que entregó a la Contraloría General de la República.
Desde entonces, la causa de Cartes apenas se movió. De hecho, recién luego de que se hablara del cajoneamiento aparecieron oficios de escuetos pedidos realizados a la Contraloría General de la República sobre el caso.
El 21 de octubre de 2021, la fiscala María Estefanía González remitió al ente contralor un oficio por el cual solicitaba se remitan las copias de todas las declaraciones juradas presentadas por Cartes.
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Inconsistencias confirmadas por Contraloría
A pesar de que González solo pidió copias de las declaraciones juradas presentadas por Cartes, la Contraloría realizó un análisis de correspondencia sobre las manifestaciones presentadas por el exmandatario designado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos.
El ente de control confirmó la existencia de una serie de inconsistencias, según fue confirmado días atrás a ABC Color por el director de Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de la CGR, Armindo Torres.
De acuerdo con los documentos que constan en poder del Ministerio Público y a los que pudo acceder nuestro diario, Cartes no incluyó en sus manifestaciones de bienes acciones en varias empresas y tampoco declaró un avión.
El funcionario de la CGR indicó que no se detectó un “incremento patrimonial no sustentable” en el patrimonio del expresidente en el periodo en que ocupó la Presidencia.
“Se verificaron muchos errores en las declaraciones de acciones, se ha declarado el valor total del capital social de una empresa cuando lo que debía declarar es el capital integrado, eso nos llevó a hacer acciones correctivas para tener un monto preciso de los que realmente incrementó en su patrimonio”, agregó.
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“Concluimos que existen omisiones”, refirió Torres.
Millonaria diferencia
Una de las empresas que el expresidente no incluyó en sus manifestaciones de bienes es QSR SA, firma que fue constituida en diciembre de 2015, en plena presidencia de Cartes.
Inicialmente se declaró que Cartes tenía una participación accionaria de G. 250 millones. En junio de 2016, a través de otra escritura, se rectificó y se hizo constar que el entonces mandatario tenía una participación real de G. 2.250 millones en acciones, sobre un capital total declarado de G. 2.500 millones.
Según la constitución, esta firma se dedica a la explotación de dos cadenas de pizzerías cuya representación posee el Grupo Cartes.
La siguiente empresa que Cartes no declaró es Rosaville SA, firma en la que aparece con una acción de G. 1.000.000 desde mayo de 2018, antes del final de su período presidencial. Esta firma dice declararse a la explotación agrícola, ganadera, forestación, importación y exportación.
Cartes tampoco incluyó en sus manifestaciones las acciones que posee desde abril de 2018 en la firma Dalya SA, empresa que declara dedicarse a rubros de transporte y actividades inmobiliarias.
Ninguna de estas firmas fueron incluidas por Cartes en las DD.JJ. que presentó al momento de dejar el cargo de presidente de la República en agosto de 2018.
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Cartes tampoco incluyó en su declaración jurada de 2013 una aeronave tasada en más de G. 10.500 millones.
Offshore “olvidada”
Estas se suman a la empresa panameña que el presidente Horacio Cartes no incluyó en ninguna de sus declaraciones juradas, llamada Dominicana Acquisition SA. Esta empresa offshore fue descubierta gracias a la filtración mundial de documentos conocida como “Pandora Papers”.
La creación de Dominicana Acquisition SA data del 9 de noviembre de 2011, un año antes de que Cartes ganara las internas del Partido Colorado para las presidenciales, pero cuando ya tenía claras intenciones de postularse a la Presidencia.
Según los documentos que constan en la Contraloría, desde que asumió el poder en 2013 hasta que lo dejó en 2018, Cartes presentó 3 declaraciones juradas, incluso una actualización al nuevo formato que estableció el ente contralor.
El 21 de agosto de 2013, entre otros activos, manifestó tener acciones en 25 empresas, pero entre ellas no aparece la offshore panameña. Tampoco estaba en las posteriores y Cartes hizo una rectificación de sus declaraciones juradas recién luego de que se le hicieran consultas sobre la señalada empresa de maletín.
Fiscala “colorada”
En julio pasado, Cristian González, apoderado del PLRA, denunció a María Estefanía González y a otros 258 agentes fiscales que siguen apareciendo en los registros de organizaciones políticas. Muchos de los denunciados incluso votaron en las internas de la ANR, según publicaciones periodísticas.
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El artículo 270 de la Constitución Nacional establece que los fiscales tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes del Poder Judicial. Estas incompatibilidades están establecidas en el artículo 254 de la Carta Magna, que establece que los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, actividad política alguna, ni desempeñar cargos en partidos y movimientos políticos.
No allanó tabacaleras
El 18 de diciembre de 2018 se produjo en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú y frontera con Brasil, un operativo anticontrabando como muy pocas veces se había visto en esa localidad considerada como uno de los puntos clave para el paso de mercaderías de contrabando al vecino país.
El operativo estuvo encabezado por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) y contó con el apoyo de 70 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tres fiscales de la capital y 16 funcionarios del Ministerio Público.
En la oportunidad, los intervinientes decomisaron 30 embarcaciones, 19 rodados y casi 5.000 cajas de cigarrillos, en su mayoría fabricados por Tabacalera del Este SA, firma del expresidente Horacio Cartes, de acuerdo a los informes brindados tras el procedimiento.
Emilio Fuster, titular de la UIC, remitió días después un oficio al Ministerio Público para solicitar una serie de diligencias. El documento tuvo mesa de entrada en la Fiscalía el 27 de diciembre de 2018.
Como primer punto, Fuster solicitó que la Fiscalía libre oficios a la Armada Nacional a fin de que se informe la identidad de las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre estaban inscriptas las embarcaciones decomisadas durante el procedimiento.
Como segundo punto, solicitó el allanamiento de las tabacaleras cuyas marcas fueron incautadas en el procedimiento.
González era la fiscala del caso y simplemente ignoró el pedido.