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El 17 de diciembre de 2012 el ministro y presidente -con permiso- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, declaraba ante el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) 138 animales bovinos para la vacunación oficial. Se trata de la población bovina máxima entre los años 2010 y 2018, según los registros.
El ministro del Poder Judicial comenzó en el año 2010 con 95 animales vacunos para luego terminar en 2018 con 76 bovinos. Lo llamativo es que nada de estos datos dejó plasmado en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Al dejar de ser decano
Antonio Fretes figura en los datos abiertos de la CGR con la presentación de su manifestación de bienes cuando dejó el cargo de decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Fue el 18 de agosto de 2016.
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Los datos detallan que en ese mismo periodo el presidente con permiso de la Corte tenía 114 animales vacunos en el establecimiento del exjuez de sentencia Óscar Ramón Talavera Valdez, ubicado en Caapucú. Fretes, sin embargo, no citó nada de estos detalles en sus DD.JJ.
El ministro de la Corte figura ante la CGR con manifestaciones presentadas en los años 2010, 2016 y 2021.
Salpicado en caso de coima
Talavera Valdez fue magistrado hasta el año 2019. Estuvo procesado por un supuesto pedido de coima de 25.000 dólares para beneficiar a un supuesto narcotráficante.
El hecho ocurrió en setiembre del 2016 y el magistrado fue grabado en audio y video, con la autorización del juez Óscar Delgado, “arreglando” una sentencia reducida a tres años para el procesado por tráfico de marihuana Juan Carlos Acosta, en su domicilio particular de Villa Florida.
Según la acusación presentada entonces por fiscal de Delitos Económicos, Yolanda Portillo, el juez era el presidente del tribunal en el caso de tráfico de marihuana donde estaba acusado Juan Carlos Acosta y su situación fue sondeada por el abogado defensor, Bernardino Fermino Ávalos, dos meses antes del juzgamiento que estaba previsto para diciembre de 2016.
Talavera lo derivó con la abogada Ramírez, quien solicitó la suma de US$ 25.000 para una sentencia reducida a tres años. Debía darse un pago de adelanto de US$ 5.000 tras el acuerdo y, antes del juicio, se debían abonar los US$ 20.000 restantes. Luego, la abogada cayó con los US$ 5.000 en procedimiento encubierto.
Animales en otra estancia
El ministro de la Corte, Antonio Fretes, no solo guardaba sus cabezas de ganado en la estancia del exjuez Talavera Valdez sino también -en menor cantidad- en el establecimiento San José, ubicado en Quiindy. Este lugar -según confirmó el propio Fretes días atrás- pertenece a José Mármol.
Coincidentemente, Mármol sería padre de la exdirectora médica de Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), doctora Perla Mármol Acosta. Esta última registra en su haber denuncias cuando ejercía ese cargo en el ente previsional.
Los reportes periodísticos de entonces dicen que la médica utilizaba su supuesto vínculo cercano con el presidente de la Corte para perseguir a los médicos gremialistas.
Otra conexión de Perla Mármol con el clan Fretes se da en el año 2018, a través de la participación funebre del directorio y funcionarios de la casa de créditos Ahoraité SA cuando falleció su madre.
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Por otro lado, el hijo de Perla Mármol Acosta igualmente figura como personal de blanco del consultorio del Poder Judicial desde el año 2006. Antonio Fretes es parte de la máxima instancia judicial desde el año 2001.
De acuerdo a los registros, Perla Mármol tiene actualmente a su nombre más de 1.100 cabezas de ganado dentro la ganadera San José.
Los millones “olvidados”
El presidente -con permiso- de la Corte no solamente “olvidó” declarar el ganado que tenía sino que tampoco declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) G. 500 millones en Certificados de Depósito de Ahorros (CDA) en un banco de plaza, además de la caja de seguridad abierta en el año 2018 por la empresa Río Salado SA (cuyos accionistas son Asdrúbal Fretes y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez) y del cual el ministro del Poder Judicial es el primer beneficiario.
Asimismo, la documentación detalla diferencias con relación a las cifras declaradas por el ministro de la Corte como depósitos. Antonio Fretes hizo constar en su declaración jurada de febrero del 2021 que tenía ahorrado en el banco Itaú apenas G. 40 millones. Sin embargo, según los registros de ese mismo mes y en la misma entidad bancaria, figuran depósitos por G. 559 millones, es decir, existiría una diferencia de G. 519 millones con relación a lo declarado.
Con relación a uno de los CDA por G. 300 millones, figura que fue adquirido en un banco de plaza el 29 de octubre de 2019 a un plazo de 1.833 días (poco más de 5 años). Sin embargo, no hay rastros en sus manifestaciones de bienes presentadas tanto en 2021 como 2022, de acuerdo a los documentos.