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Una casa particular con todos los servicios básicos y hasta una piscina para apaciguar el calor del verano. Esto fue lo que encontraron funcionarios de la municipalidad de San Bernardino mientras realizaban una revisión del predio del icónico anfiteatro José Asunción Flores de la villa veraniega.
La información fue confirmada por Diego Fernández, asesor jurídico de la municipalidad de San Bernardino, en conversación con ABC Color.
“Nuestros funcionarios estuvieron realizando una revisión de todo el predio y encontramos una estructura que sería una vivienda. Cuenta hasta con una piscina”, afirmó Fernández.
“Según la información que recibimos, es una vivienda levantada por el señor Néstor Martínez Britos”, relató y adelantó que siguen solicitando informes.
La casa se encuentra en el extremo norte del predio de casi 12 hectáreas del icónico anfiteatro. “Esto no cuenta con autorización de Catastro ni de la Dirección de Obras”, sostuvo.
El “misterioso” arrendatario
El anfiteatro fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 1990 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del establecimiento.
El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la Ley 4784, por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino, donde está el anfiteatro. En total, los tres inmuebles suman más de nueve hectáreas.
Luego de varias disputas que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, la ley quedó firme y el Estado tuvo que desembolsar casi G. 35.000 millones por la valiosa propiedad.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del anfiteatro hasta el 2032.
La Comuna, a su vez, terminó concesionando el usufructo del anfiteatro José Asunción Flores en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Ber, el liberal llanista Luis Aguilar y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público y proveedor del Estado.
Martínez Britos declaró poseer patrimonio cero ante la Contraloría General.
Según se puede ver en el documento, la municipalidad entregó el usufructo del anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivale a G. 57 millones por año.
El arrendatario debía entregar así G. 4.750.000 mensuales.
A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.
Martínez le cobró G. 785 millones por cuatro años de usufructo a una sola empresa, esto es unos G. 196 millones anuales.
Con un solo contrato, Martínez Britos casi dobló el monto total que pagó a la comuna y triplicó el total anual.
La Contraloría ya abrió una verificación documental ante el posible daño patrimonial perpetrado en este caso.