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Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, contó que Antonio Fretes ya no participa de la preplenaria ni de la plenaria de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, luego de que sus pares, por unanimidad de los presentes, le pidieran su renuncia tras darse a conocer varios escándalos de presunta corrupción, entre ellos el pago a Amílcar Fretes, hijo del ministro, por parte de Kassem Hijazi para frenar su extradición.
Sin embargo, Ríos aclaró que, como Fretes solo solicitó permiso por salud en su condición de presidente, sigue teniendo jurisdicción como ministro de la Corte e integrante de la Sala Constitucional, por lo que sigue firmando documentos.
Sobre la recusación presentada por la Procuraduría en el caso de intento de cobro de US$ 40 millones por parte de dos abogados, uno de ellos socio de su hijo Asdrúbal Fretes, Ríos indicó que son sus colegas ministros quienes deben decidir si Antonio Fretes es recusado o no.
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“Tenemos que pedir un informe. La resolución debemos emitir los otros ministros. Si la Corte entiende que hay motivos para que uno de sus miembros se aparte, que corresponde la recusación, ese miembro no puede resistirse”, señaló.
Recusación por vínculo comercial de Asdrúbal Frentes con abogado
Asdrúbal Fretes y Gregorio Acosta mantienen una relación comercial. Acosta es uno de los abogados que buscaban cobrar US$ 40 millones al Estado paraguayo como indemnización por la tortura y asesinato de Joel Filártiga. Lo curioso es que uno de los familiares de Filártiga declaró que estos abogados no están accionando siquiera en su representación..
Gregorio Acosta abrió una empresa con Asdrúbal, hijo del ministro de la Corte. La misma se llama Greclas SA, que fue constituida el 13 de febrero de 2019 entre Acosta Talavera, Asdrúbal Fretes, Reinaldo Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza. Asdrúbal y Acosta además cuentan con otras actividades comerciales en conjunto.
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La Sala Constitucional está compuesta por Víctor Ríos, César Disel y Antonio Fretes; este último tendría que ser reemplazado por algún otro miembro de otra Sala, que resolverá la decisión.
También Acosta entabló una demanda contra los ministros de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica (+) en 2021, exigiendo una indemnización de G. 2.000 millones tras haber sido sumariado por presunto planillerismo en el año 2019, periodo en que estaba internado en el exterior como consecuencia de un tumor en la cabeza.