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Amenazas, una millonaria regulación, una hipoteca firmada a fuerza de aprietes y la invasión de una de las más valiosas minas de oro de Paso Yobai. Todos estos elementos forman parte de una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la embajada de Estados Unidos.
Juan Urrustarazu fue quien presentó ante la Fiscalía una denuncia por la invasión de Minas Paraguay, mientras que el estadounidense Steven Klaver fue quien recurrió ante la embajada norteamericana para clamar auxilio.
ABC Color tuvo acceso a copias de ambas denuncias.
“Me quebraron y me siguen persiguiendo”, sostuvo Urrustarazu en conversación con nuestro diario.
Una larga historia detrás del valioso inmueble
La invasión del valioso inmueble perpetrada meses atrás es apenas el epílogo de una larga serie de cuestiones, según las denuncias y publicaciones de nuestro propio diario y medios colegas.
Esta historia comenzó en 2011. En ese entonces tres ciudadanos extranjeros llamados Steven Klaver, Thomas Dalrimple y Dwight Romanica llegaron a Paraguay para iniciar el proceso de compra de varios inmuebles ubicados en la zona de Paso Yobai, distrito del departamento de Guairá, que se ha convertido en el centro de la fiebre por el oro en nuestro país. Fue así que la firma neoyorquina Fair Trade Acquisitions Corp desembarcaba en Paraguay, para iniciar los trabajos en Minas Paraguay.
Los extranjeros adquirieron de la empresa paraguaya Talavera y Ortellado un inmueble de 254 hectáreas para iniciar el proceso de explotación.
Los problemas iniciaron poco después. Pobladores locales tenían identificados esos inmuebles como algunos de los que podían ser utilizados para la búsqueda del preciado metal. Luego de un inicio tranquilo de trabajos conjuntos, la mina sufrió la primera invasión.
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Aparece la rosca vinculada a Antonio Fretes
En el 2014, ante los problemas en la Mina por conflictos con buscadores de oro locales, los inversores extranjeros acudieron al intermedio del entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó.
Heisecke Mazó presentó a los extranjeros con los abogados Ana Mora de Ramírez, el hijo de ésta, Oscar Fabián Ramírez Mora; y con el síndico de quiebras Blas Velázquez Fernández. Todo esto fue relatado en una denuncia presentada ante la embajada de los Estados Unidos en agosto de 2021 y a cuya copia conseguimos acceder.
Mora y Velázquez Fernández recomendaron a los inversores que iniciaran un proceso judicial para el desalojo pero ante un juzgado de Quiindy. Según cuentan los norteamericanos, les prometieron que allí podrían manejar tranquilamente el proceso.
Velázquez es originario de Quiindy, al igual que su “padrino” el ministro Fretes. Pero, por favor, prestemos atención.
La causa cayó entonces en manos de la jueza Clara Raquel Isasi, esposa del síndico Blas Velázquez.
Isasi tardó 15 días en otorgar una medida cautelar de prohibición de acercarse a la mina para los buscadores locales, decisión que fue apelada. Cuando debía salir la sentencia definitiva, Ana Mora y Oscar Ramírez Mora le dijeron a los inversores que debían volver a reunirse con Eduardo Heisecke y pagar 100.000 dólares. Caso contrario, los jueces fallarían su contra. Klamper y sus socios se negaron. Entonces empezaron los problemas.
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Para 2015 ya se había se desatado una maraña judicial que fue publicada entonces por el diario Última Hora. Además de los líos judiciales, la abogada Mora consiguió que le regularan sus honorarios en casi 2 millones de dólares por UNA sola intervención.
Mora fue beneficiada con esta regulación por la entonces jueza de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, Clara Isasi. Sí, la esposa de Blas Velázquez.
Isasi llegó a ser investigada y apercibida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2017 por esta actuación. Sin embargo, luego fue premiada al ser llevada como camarista en Misiones.
Las amenazas de Eduardo Heisecke
Ante la negativa constante de los extranjeros de pagar la exorbitante suma, comenzaron los aprietes penales y civiles contra ellos y la empresa a la que representaban. Desesperados, volvieron a acudir a Eduardo Heisecke Mazó.
“Vos sabés mejor que nadie que si yo te voy a atacar, no voy a parar hasta que vos estés en Estados Unidos de vuelta o estés preso, porque así voy a estar yo (...) Vendé, firmá y rajá”,
Así se oye decir en un audio al empresario, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, directivo de empresas del Grupo Cartes y jefe del Gabinete Presidencial del gobierno de Horacio Cartes. El audio fue publicado en 2018 por ABC.
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El primer despojo
Finalmente, en 2017, el MOPC despojó de la mina a los inversores de Minas Paraguay. Usaron el argumento de que habían olvidado pagar cánones de 2015 y 2016 (unos 1.300 dólares, aproximadamente), algo que desmienten los actuales asesores jurídicos de la empresa. Aseguran que el artículo 20 del contrato que ellos tienen habla del derecho a la “corrección” de cualquier causal de caducidad invocada por el Gobierno dentro del plazo de 60 días.
Lo llamativo es que a partir de que el MOPC firmó la “caducidad” de la concesión, en apenas un par de días ya apareció un nuevo interesado –un abogado exfuncionario del MOPC–, a quien entregaron la mina pese a no observarse ni capacidad técnica ni financiera, como exige la Ley de Minas.
La empresa del diputado Éver Noguera
Finalmente, en 2016 los inversionistas tuvieron que firmar un contrato por el cual cedían durante cinco años la explotación de Minas Paraguay a Ana Mora y Óscar Fabián Ramírez Mora.
Fue así que el 3 de Noviembre de 2016 se firmó un contrato de prestación de servicios entre las Firmas Fair Trade Acquisitions Corp y Minas Paraguay S.A. por una parte, y por la otra, la Firma Itapoty.
Itapoty SA es propiedad del diputado colorado oficialista Éver Noguera, originario del Guairá. Esto consta en sus propias declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República.
Noguera está imputado junto al también oficialista y guaireño Rodolfo Friedmann, senador, por un esquema de enriquecimiento a través de la provisión de merienda escolar y otros servicios a la gobernación de ese departamento.
El 60% de lo explotado debía ser para Itapoty SA y el 40% debía ser para Fair Trade Acquisitions Corp. Solo que ese monto debía ser entregado íntegramente a Ana Mora y Oscar Ramírez Mora hasta cubrir los dos millones de dólares que exigían.
No contentos con este contrato, Mora y su hijo obligaron a los extranjeros a firmar una hipoteca sobre todo el inmueble de la mina En base a la cual se daría una nueva parte de la pesadilla.
El segundo despojo: la invasión
Con la hipoteca, una nueva parte de la pesadilla. Itapoty supuestamente explotaría la mina, cosa que nunca cumplió. Y con ese incumplimiento, Mora y Ramírez iniciaron un juicio de ejecución hipotecaria contra los inversores extranjeros, proceso en el que perdieron en primera instancia.
Mientras traban la sentencia en segunda instancia de la ejecución hipotecaria, Mora y Ramírez Mora invadieron los inmuebles que conforman Minas Paraguay en Paso Yobai. A la par, presentaron incluso denuncias por supuestos delitos ambientales contra el ingeniero Juan Urrustarazu, socio de los inversores extranjeros y uno de los encargados técnicos.
A pesar de que perdieron en primera instancia, Mora y su hijo utilizaron esos documentos para atropellar el predio de la mina hace unos meses, hasta con acompañamiento de efectivos de una subcomisaría local, según consta en el acta de la denuncia ante Fiscalía.
Para dar cierta validez, mientras ya ingresaban al predio, presentaron pedidos ante un juez de Villarrica para ingresar.
Amenazas a la fiscal María Unge
La abogada y su hijo llegaron incluso a amenazar a una comitiva encabezada por la fiscal María Unger, quien atiende la denuncia por invasión de inmuebles que pesa en contra de ambos.
“Dos personas identificadas como Ana Mora de Ramírez y Óscar Fabián Ramírez, quienes dijeron ser los depositarios provisionales, empezaron a gritar diciendo palabras irreproducibles, improperios”, según consta en el acta.
El acta señala que Ramírez Mora trató de ignorantes a los intervinientes. “Reiterando su oposición al ingreso en el predio, refiriendo que (si) llegan a ingresar personas (...) no se hace responsable refiriendo que las personas que se encuentran en el interior del inmueble portan armas de fuego”, se lee en el documento.
Mientras tanto, según relató Urrustarazu, el lugar ya fue totalmente destrozado y los equipos que formaban parte de la explotación ya no se encuentran.
Además, relatan los denunciantes, en el lugar hasta se estaría realizando tala de árboles y hasta explotación sin licencia ambiental.
Mientras esperan concesión, diputado les exigió millonario pago
Actualmente, el presidente Mario Abdo Benítez tiene en su poder desde 2020 un proyecto de decreto por el cual devuelve esa concesión a los inversores extranjeros. Según consta en la denuncia de los norteamericanos ante su embajada, fue allí que apareció nuevamente el diputado Éver Noguera.
Siempre según la denuncia, Noguera llegó a pedirles un millón de dólares a cambio de que se firme la nueva concesión.
Aprietes van, aprietes vienen. Así, inversores extranjeros conviven hace ya casi una década con la constante amenaza de perder una inversión por 10 millones de dólares.
Todo porque una rosca protegida por políticos del Guairá y un ministro de la Corte pretende apropiarse de un inmueble en el que se realizaron tales inversiones.