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Un total de US$ 39.400.392 –alrededor de G. 288.410.869.440 a la cotización actual– es la indemnización que solicitan dos abogados al Estado paraguayo en el marco del juicio por la tortura y asesinato durante la dictadura stronista de Joel Filártiga, más conocido como Joelito. Para sorpresa, uno de los profesionales que está tras el millonario reclamo es Gregorio Daniel Acosta Talavera, socio comercial de Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del ministro y presidente -con permiso- de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Acosta Talavera, según los registros comerciales, constituyó el 13 de febrero de 2019 con Asdrúbal Fretes, Reinaldo Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez) la empresa denominada Greclas SA. El capital inicial era de G. 5.000 millones.
Los detalles cuentan que la compañía nació con el objetivo principal de elaborar, distribuir y comercializar productos y/o servicios en general de diversas actividades lícitas.
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Documentos a los que tuvo acceso ABC señalan que Asdrúbal Fretes permaneció en esa sociedad hasta el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, el hijo del presidente de la Corte realizó en los primeros meses de este año transferencias por más de G. 830 millones a una caja de ahorro con la denominación de Gregorio Daniel Acosta Talavera y otros.
Caso Filártiga y su vinculación con el clan Fretes
El 29 de marzo de 1976, Joelito (hijo del doctor Joel Filártiga) era torturado y asesinado cuando tenía solo 17 años. Filártiga se enfrentó con determinación a la dictadura de Alfredo Stroessner en reclamo de justicia por la muerte de su hijo, situación que lo llevó al exilio.
Filártiga y su hija Dolly impulsaron ante la justicia de los Estados Unidos un juicio en reclamo de indemnización contra el inspector general de la Policía de nuestro país Américo Norberto Peña Irala, el cual tuvo desenlace favorable a los accionistas.
Es así que el 10 de enero del 1984, un juez de Nueva York establece que los demandantes deben ser resarcidos. Sentencia en mano, Filártiga y Dolly impulsaron una demanda contra el Estado paraguayo para la ejecución del fallo, juicio que concluyó en primera instancia el 1 de marzo pasado, con la sentencia N° 36, mediante la cual el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros condenó al Estado paraguayo a pagar una indemnización de US$ 39.400.392, más intereses a ser calculados desde el inicio de la demanda hasta el día del pago efectivo.
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Sin embargo, el juzgado declara como beneficiarios de la millonaria suma a Gregorio Daniel Acosta y a Jorge Nicanor Galeano Willigs.
El procurador general del Estado Rodolfo Barrios había presentado una acción de inconstitucionalidad contra las sentencias de primera y segunda instancias que obligan al Estado paraguayo a pagar US$ 39 millones.
¿Dónde está la resolución?
La SD Nº 36 del 1 de marzo pasado, precisa que “por A.I. Nº 464 del 4 de agosto e 2021, los señores Jorge Nicanor Galeano Willigs y Gregorio Acosta Talavera han quedado subrogados en los derechos de Joel Holden Filártiga”.
Sin embargo, llamativamente, el AI Nº 464 de dicho juzgado es del 2 de junio del 2021 y se dictó en el juicio “Cia. Administradora de Riesgos (CARSA) c/Mariza Beatriz Marquez s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”. En la fecha indicada –el 4 de agosto del 2021– el juzgado dictó los A.I. Nº 684, 685 y 686, así como la SD Nº 355 y ninguna de estas resoluciones tiene relación con el caso.
Coincidentemente, CARSA esa una de las empresas ligadas al clan Fretes.
Familiares de Joelito no los conocen
Jorge Nicanor Galeano Willigs es el otro que figura con Acosta Talavera para cobrar la indemnización de casi US$ 40 millones más intereses al Estado. Galeano Willigs aparece como accionista de Lugal Sociedad Anónima, gráfica conocida por ser proveedora de instituciones del Estado, como el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). Analy Filártiga, hija del fallecido doctor Joel Filártiga, señaló meses atrás que no conocía a las personas que reclamaban el millonario monto. Dijo que solo sabe que Acosta Talavera es abogado, porque en alguna ocasión contactó con su papá, pero de Galeano no tiene la menor idea.
PGR pedirá que Fretes se aparte de la acción
Luego de la publicación de nuestro diario sobre el vínculo comercial del abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera con Asdrúbal Fretes Valenzano, hijo del ministro Antonio Fretes con negocios millonarios, la Procuraduría General de la República analiza recusar al ministro Antonio Fretes para que este no estudie la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de los fallos, de primera y segunda instancias, que condenaron al Estado paraguayo a pagar US$ 39.400.392 más intereses, como indemnización por la tortura y el asesinato de Joelito Filártiga, ocurrido en el año 1976 durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
El ministro Fretes junto a sus colegas Víctor Ríos y César Diesel integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver si se admite la acción para su estudio. Es decir, el ahora presidente con permiso del máximo tribunal podría confirmar los fallos que benefician directamente al socio comercial de su hijo Asdrúbal Fretes.
Fallos arbitrarios
“Nosotros necesitamos una Justicia imparcial y esa confianza hoy no la podemos tener en su totalidad”, argumentó el procurador Rodolfo Barrios en relación al estudio de la acción que presentó el 14 de noviembre último junto a los procuradores delegados Neri Walter Fleitas Valdez y Federico Miller Tellechea, que ahora está en manos de la Corte.
La acción planteada es en contra de la Sentencia Definitiva N° 36, dictada el 1 de marzo de este año por el juez en lo Civil Guillermo Riveros, quien condenó al Estado a pagar 39.400.392 dólares a los abogados Acosta Talavera y Galeano Willigs.
También se ataca como inconstitucional el Acuerdo y Sentencia N° 61 del 8 de agosto pasado, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, que en mayoría confirmó la condenada al Estado.
Este último fallo lleva la firma de los camaristas Linneo Ynsfrán, Guillermo Zillich y Juan Carlos Paredes, quien votó en disidencia por considerar que la acción se promovió en forma extemporánea.
Fretes debe apartarse
El vínculo comercial de uno de los beneficiados con la millonaria indemnización con Asdrúbal Fretes levanta sospechas sobre la legalidad de los fallos judiciales, ya que tras la muerte del Dr. Joel Filártiga, tanto en primera como en segunda instancia se dio validez a una cesión que el mismo firmó en el año 2012 para beneficiar a dos personas que no son familiares de la víctima.
El ministro Antonio Fretes sigue integrando la Sala Constitucional de la Corte, pero debe apartarse de la presente acción, en atención a los motivos de separación establecidos en el Artículo 50 del Código Procesal Penal.
Abogado, con “interesante” historial
Los vínculos de Asdrúbal con el abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera no se limitan a la sociedad constituida en el año 2019 sino también a otros negocios anteriores en los cuales aparecen juntos. Uno de ellos es el contrato privado de compraventa sobre un inmueble que pretendía ser vendido al Indert por casi G. 60.000 millones.
La documentación celebrada en diciembre de 2018 -dos meses antes de la constitución de Greclas SA- señala que Acosta Talavera cedía la totalidad de sus derechos y acciones sobre el pedido de venta de un inmueble al Indert a favor de Asdrúbal Fretes, Reinaldo Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza. El precio fue fijado en US$ 2.850.000.
La venta al ente agrario, sin embargo, no se concretó debido a superposición de títulos, según los antecedentes.
CDA de empresas
El 30 de agosto de 2019, Acosta Talavera acude a un banco de plaza con la intención de obtener un préstamo de G. 1.300 millones. El abogado presenta como codeudor a Reinaldo Agustín Bazán Barrientos (ya entonces su socio en Greclas SA) y entrega como garantía Certificados de Depósitos de Ahorros (CDA) por US$ 220.000.
Las CDA, a su vez, estaban a nombre de las empresas Río Salado SA y Tebicuary Campos & Haciendas SA, ambas empresas ligadas al clan Fretes y cuyos accionistas son Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y Lourdes Beatriz González Gómez.
Río Salado SA es la empresa de cobranzas que abrió el 19 de noviembre de 2018 una caja de seguridad en el Banco Continental, siendo el primer beneficiario el ministro de la Corte Antonio Fretes.
Funcionario del Poder Judicial
El abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera también fue funcionario del Poder Judicial. En 2021 demandó a los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica (ya fallecida) y otros funcionarios de la Corte, por supuestos daños y perjuicios.
En este caso, Acosta Talavera exige una indemnización de G. 2.000 millones tras haber sido sumariado por presunto planillerismo en el año 2019, periodo en que estaba internado en el exterior, como consecuencia de un tumor en la cabeza.