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Cerca de G. 60.000 millones de dinero público estuvieron a punto de ser embolsados por el clan Fretes en un negociado de ventas de tierras al Estado. El clan pretendía entregar títulos denunciados en su momento como dudosos al Indert, a cambio del millonario monto. Eran casi dos mil hectáreas las que pretendían vender al Estado.
Para el proceso utilizaron a socios comerciales de las empresas de Asdrúbal Fretes Valenzano, uno de los hijos del presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Un millonario préstamo de Asdrúbal Fretes
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, el vínculo de Fretes Valenzano quedó expuesto debido a un millonario pedido de préstamo realizado por sus socios comerciales ante un banco de plaza.
En concreto, el 25 de octubre de 2018, Gregorio Daniel Acosta Talavera y Reinaldo Agustín Bazán Barrientos solicitaron un préstamo de G. 1.300 millones. Como garantía de la operación presentaron Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por un valor total de US$ 220.000. Sin embargo, ninguno de los dos eran los titulares de esos papeles, lo que hizo saltar las alertas en el banco de plaza.
Gregorio Daniel Acosta Talavera es socio de Asdrúbal Fretes Valenzano en la firma Greclas SA, donde también aparece Claudio Vera Larroza, este último yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez.
Volviendo al préstamo, Acosta Talavera y Bazán Barrientos intentaron presentar como garantía CDA que tenían como titulares a otras empresas ligadas al clan Fretes. En concreto, presentaron 8 CDA de US$ 10.000 cada uno que pertenecían a Tebicuary Campos & Hacienda SA, y otros seis por un valor total de US$ 140.000 que pertenecían a la firma Río Salado SA.
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Tebicuary y Río Salado son dos de las empresas ligadas a Asdrúbal Fretes Valenzano y a través de las cuales estuvo realizando millonarias inversiones, a pesar de haber iniciado como un modesto funcionario de la Fiscalía.
La llamativa justificación
Según los documentos, Acosta Talavera intentó demostrar que él era el beneficiario real de los papeles crediticios presentando un contrato de compraventa, donde aparecía como vendedor y como compradores figuraban Reinaldo Bazán Barrientos y los socios comerciales de Acosta: Claudio Vera y Asdrúbal Fretes, respectivamente.
En el contrato de compraventa de los CDA, Acosta Talavera declara haber cedido la totalidad de sus derechos y acciones sobre el pedido de venta de un inmueble al Indert a favor de Asdrúbal Fretes y sus socios comerciales.
El precio de la venta, según dejaron por escrito, debía ser de unos US$ 2.850.000.
En síntesis, según los documentos, el clan Fretes era el propietario real de las tierras que se pretendían vender al Indert.
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Títulos encimados
Gregorio Daniel Acosta Talavera es un abogado cuyo nombre fue vinculado a varios procesos de venta de inmuebles al Indert. Pero este en particular se trata del intento de venta de 1.999 hectáreas ubicadas en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento del Alto Paraná.
La propuesta fue presentada, de acuerdo a publicaciones de ABC Color y del diario Última Hora, ya en 2013. En ese entonces, Acosta Talavera dijo ser representante de Eduardo Elías Hrisuk Klekoc (un dirigente colorado de Encarnación beneficiado con varios contratos con el Estado) y ofreció las tierras a razón de unos G. 30 millones la hectárea. Esto es, cerca de unos G. 60.000 millones.
Los problemas con la propiedad se iniciaron poco después de la aparición de la oferta. Según Acosta Talavera y Hrisuk Klekoc, la propiedad era apta para la agricultura y contaba con mecanización en más del 90% de su extensión. Sin embargo, el entonces titular del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, refirió en mayo de 2013 a colegas del diario Última Hora, que habían recibido denuncias de superposición de títulos o que los documentos no coincidían con el terreno descrito.
Por ejemplo, las denuncias señalaban que el inmueble ofertado supuestamente estaba en San Rafael del Paraná. En el plano presentado, las tierras estaban entre los distritos de Mayor Otaño y Ñacunday. Además, se superponían a varios terrenos empadronados y titulados, lo que hubiera generado conflictos.
Rechazo del Indert, años después
Testimonios a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que el negociado casi avanzó debido a las fuertes presiones que existieron. Sin embargo, el corte final a la situación se dio el 29 de febrero de 2020, de acuerdo a lo que consta en la página web del Indert.
En ese entonces, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert decidió rechazar el expediente que había sido admitido como el N° 3655/13 y caratulado como “DANIEL ACOSTA TALAVERA S/ PRESENTACIÓN de CARTA OFERTA”.
“Se rechazó la Carta Oferta, por no reunir los requisitos legales establecidos”, señala la publicación del ente rural.