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El expresidente Horacio Cartes, quien precisamente eligió a Sandra Quiñónez para el cargo de fiscala general del Estado, es el más favorecido por la inacción del Ministerio Público en graves casos que lo salpican y que lo llevaron a ser el primer exmandatario paraguayo en ser designado como “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos de América.
El pasado 7 de febrero, solo después de que se plantee su juicio político, Quiñónez ordenó la apertura de una investigación contra Cartes por presunto lavado de dinero, causa que no ha tenido ningún avance hasta ahora. Además, se mantiene con mucho hermetismo.
Esto en relación a un informe de inteligencia que detalla un presunto esquema internacional de lavado de dinero que salpica a algunas empresas del exmandatario, quien gobernó el Paraguay desde el 2013 hasta el 2018.
Incluso la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero aportó más datos hace unas semanas en su informe final, pero tampoco tuvo repercusión.
Caso avión iraní
Similar situación se da con el caso del “avión iraní-venezolano”, vinculado con presuntas actividades terroristas en la región, que aterrizó el 13 de mayo en nuestro país para supuestamente llevar una carga de cigarrillos de Tabacalera del Este S.A.
Incluso Aduanas y otras instituciones del Ejecutivo denunciaron en septiembre que detectaron tres facturas distintas de Tabesa sobre este caso, pero tampoco hubo mayores avances fiscales al respecto.
El actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez –cuya esposa es la fiscala adjunta con permiso Lourdes Samaniego– tampoco fue molestado por el Ministerio Público luego de que fuera declarado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”.