Cargando...
Los derechos y acciones del quebrado Banco Unión sobre un crédito -por un monto inicial de G. 556 millones- con garantía hipotecaria de una propiedad de 20 hectáreas localizada en el distrito de Villa Hayes (Chaco) aparecen con dos beneficiarios finales. Así lo revelan las dos escrituras públicas a las que accedió ABC.
La documentación evidencia cómo Blas Manuel Velázquez Fernández -síndico de Quiebras y protegido del ministro y presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes- vendió dos veces a dos personas distintas y a precios diferentes, el mismo crédito otorgado en el año 1996 por la desaparecida entidad bancaria.
El primero en papeles
Uno de los contratos realizado por la escribana Luisa Beatriz Martínez Cáceres detalla que el síndico Blas Velázquez concretó el 13 de febrero de 2020 la cesión de los derechos y acciones del quebrado Banco Unión sobre el crédito hipotecario. Esta operación la realizó con un comprador que solicitó mantener su identidad en reserva debido a amenazas recibidas, por un monto de G. 20 millones.
Lea más: Esquema protegido por Fretes suma denuncias por despojos
En parte del documento se menciona textualmente que: “Blas Manuel Velázquez Fernández cede el crédito hipotecario (...) del inmueble situado en el distrito de Chaco, hoy Villa Hayes, Finca N° 993, con padrón N° 2.037, con una superficie total de 20 hectáreas”.
Agrega que: “el CEDENTE (en este caso Velázquez) cede, vende y transfiere todos sus derechos y acciones sobre el crédito con garantía hipotecaria, con sus respectivos intereses reclamados al señor Heriberto Alejandro Bordaberry Arriola y la señora María de Fátima Pérez Falabella” (sic).
En cuestión de meses
En la otra escritura en nuestro poder se revela que el 25 de setiembre de 2020, el síndico de Quiebras Blas Velázquez volvió a realizar una cesión de derechos y acciones sobre un crédito hipotecario del quebrado Banco Unión. Sorpresivamente se trata del mismo que había vendido en febrero de ese mismo año.
El documento protocolizado ante la escribana Aida Luz Sandoval Martínez detalla que Blas Velázquez entonces cedió el crédito hipotecario a favor de Ana Teresa Arancedo Silva de un inmueble situado en el distrito de Chaco, hoy Villa Hayes, Finca N° 993, con Padrón N° 2037, con una superficie total de 20 hectáreas.
Lo llamativo es que el síndico Blas Velázquez cierra esta operación en G. 100 millones. Es decir, G. 80 millones por encima de la cesión realizada siete meses antes.
Alto valor inmobiliario
Fuentes de nuestro diario indican que la propiedad de 20 hectáreas que estaba como garantía hipotecaria para el crédito otorgado por el quebrado Banco Unión tiene un alto valor inmobiliario. Estaría localizada en la zona del nuevo distrito de Nueva Asunción (anteriormente Villa Hayes).
Otros datos relatan que el inmueble incluso fue a remate el 11 de octubre último con una oferta de compra de G. 2.000 millones. Coincidentemente, como interesada y con el mayor monto apareció Ana Teresa Arancedo Silva, quien también consiguió la cesión de derechos del crédito hipotecario dado hace casi tres décadas por la desaparecida entidad bancaria.
Lea más: Otra denuncia contra el clan Fretes por un valioso inmueble
ABC intentó obtener la versión de Blas Velázquez, pero no atendió las llamadas ni respondió los mensajes enviados vía WhatsApp al número con terminación 294.
Todo legal, dice una de beneficiarias
Ana Teresa Arancedo, que aparece como beneficiaria en una de las escrituras, afirmó ayer que toda la operación con relación a la cesión del crédito hipotecario del inmueble de 20 hectáreas la realizó en forma legal. Dijo no conocer la existencia de otro acuerdo previo con otra persona sobre el mismo crédito hipotecario, aunque señaló que escuchó que hubo un interesado pero no cumplió con todo el procedimiento.
Relató que ella cumplió con todos los requisitos e incluso tiene la autorización a través del A.I. (Auto Interlocutorio) dictado por un juez. Comentó que precisamente para este tipo de trámites es necesario el A.I. “No es así nomás”, dijo. Agregó que logró acceder a la cesión del crédito hipotecario a través del sistema electrónico y por recomendación de su abogado.
Suman denuncias contra el protegido
El síndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez Fernández está en el ojo de la tormenta desde hace días al ser sindicado como parte de una rosca dentro de la Sindicatura General de Quiebras. Fue denunciado por un supuesto caso de estafa al propietario de una empresa de transporte de su Quiindy natal, además estuvo salpicado años atrás en un caso de despojo de valiosos inmuebles en San Bernardino.
Velázquez Fernández es compueblano del ministro de la Corte Antonio Fretes, quien lo tiene como protegido. En Quiindy, incluso los pobladores lo conocen como la mano derecha del presidente con permiso de la máxima instancia judicial.
Historia del presunto despojo
Entre 2020 y 2021, en el peor momento de la crisis económica y sanitaria, Velázquez se vio envuelto en denuncias de aparentes despojos de cientos de lotes ubicados en una de las zonas más deseadas de San Bernardino.
A precio regalado, Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman, consiguieron hacerse con 140 lotes en la cotizada zona de Ciervo Cua, en las afueras de San Bernardino.
Apenas G. 480 millones es lo que debía pagar la firma Carwa SA, propiedad de ambos, para hacerse con al menos unos 50.000 metros cuadrados. Supuestamente fue en el marco de la quiebra de una inmobiliaria, pero muchos de esos lotes ya estaban pagados hace años.
Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del grupo Cartes y exjefe de Gabinete Civil del expresidente Horacio Cartes, en Royal Seguros SA y otras varias empresas. Schauman, por su parte, es la escribana que durante años realizó la tramitación de varios de los documentos del exsenador colorado cartista Óscar González Daher (+).
El proceso fue avalado precisamente por la esposa del exsenador cartista, la escribana Nélida Chaves.
El proceso de quiebra de la inmobiliaria que terminó en la entrega de los inmuebles a Heisecke Mazó fue supervisado por el síndico de quiebras Blas Velázquez, esposo de la jueza Clara Raquel Isasi.
El millonario pedido
El caso más reciente ligado a Blas Velázquez fue denunciado por Silvio Lovera, propietario de la empresa El Tara Transporte y Turismo, firma que explota el tramo Asunción-Quiindy.
Lovera tenía abogados con los que ya estaba trabajando para tratar de solucionar la cuestión, pero aparecieron otros que se ofrecían a ayudarlo. Entre ellos, según su relato, estaba Blas Velázquez.
“Esta gente me pidió el monto de G. 150 millones, pero me dijeron que iban a hacer (el trabajo) en 100 millones”, relató Lovera.
El encargado de retirar el dinero fue Diego Isasi, cuñado de Blas Velázquez, presidente de la seccional colorada de Quiindy y hermano de la jueza Clara Isasi (esposa del síndico). Luego de cobrar el dinero, todos los citados desaparecieron.