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La Alianza Encuentro Nacional, integrada por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Partido Político Hagamos (PPH) y el movimiento Despertar Ciudadano y otros emitió un comunicado en relación al Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, cuestionando a autoridades en ejercicio y postulantes a cargos electivos, que han demostrado una actitud contraria a eliminar este flagelo.
“Condenamos de manera enérgica la inacción y complicidad de autoridades e instituciones, en especial, diputados y senadores, que no han acompañado los procesos de juicio político iniciados contra la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez Astigarraga y el Presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, ambos altos funcionarios responsables de mal desempeño de funciones”, indicaron.
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En el caso de Quiñónez, en lo que va del año fue salvada en dos ocasiones de juicio político, en ambos casos por una mayoría de colorados cartistas y ocasionales aliados liberales llanistas y de otros sectores. En ambos casos se presentaron sobradas causales, sin embargo, igualmente terminó siendo mantenida en el cargo.
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En el caso de Fretes, hubo un pacto cicatriz entre colorados (oficialistas y cartistas) y algunos satélites, que se negaron a acompañar el juicio político contra el ministro de la Corte, sobre quien cada vez más se suman indicios de presunta corrupción, tanto vinculado al caso de presunto cobro de coima para evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, como de presunto enriquecimiento ilícito.
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Condenados en listas de la ANR
“Advertimos nuestra preocupación con la presencia de candidatos condenados por casos de corrupción en las listas de senadores y diputados de la Asociación Nacional Republicana (ANR)”, agrega el comunicado de la AEN.
Uno de los casos más evidentes es el del exsenador Víctor Bogado, con condena firme en todas las instancias por el caso “niñera de oro”, pese al cual ahora pretende volver a la Cámara de Diputados a través de la lista del movimiento Honor Colorado.
“Las personas condenadas por la comisión de hechos de corrupción no deberían ejercer un cargo público, pues sus actuaciones son contrarias a los principios y valores que deben adornar a una República”, remarca la alianza política, instan a la ciudadanía a tener en cuenta estos hechos a la hora de votar el próximo 18 de diciembre.
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El caso de Bogado no es el único. Si bien aún no están con condena, hay otros candidatos con sobrados indicios de presunta corrupción en la función pública que otra vez buscan cargos. Es el caso por ejemplo del exgobernador de Guairá Juan Carlos Vera (ANR, HC), echado del cargo por la presunta tragada de fondos covid-19 por US$ 2 millones.
En las listas coloradas oficialistas también hay imputados, como el caso de la candidata a senadora Carmen Alonso (ANR, FR), imputada por lesión de confianza y otros delitos en el caso Conajzar, junto al también candidato a gobernador de Presidente Hayes Ricardo Núñez (ANR, HC), hermano del diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez.