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“Ana Mora es la principal promotora de que la causa de Rodrigo no avance”, relató don Fidelino “Ino” Quintana a ABC Color.
Don Ino es el padre de Rodrigo Quintana, joven dirigente liberal asesinado en la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando efectivos de la Policía atropellaron la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Ella no quiere que se sepa quién dio la orden”, insistió don Ino.
Mora es parte de una rosca encabezada por el síndico Blas Velázquez, protegido del presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Mora y su hijo Óscar Fabián Ramírez Mora están ligados, según una denuncia, al caso de despojo de una mina de oro en Paso Yobái y es abogada de Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del Grupo Cartes y exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República durante el gobierno de Horacio Cartes.
Sus nombres aparecieron recientemente en otras denuncias. Mora, Velázquez y Fretes son originarios del departamento de Paraguarí.
Quieren apartarlos de causa
La abogada asumió como representante de Leticia Redes, expareja de Rodrigo y madre de la hija del joven asesinado.
“Ella primero quiso sumarse a nuestros abogados, pero cuando no le permitimos, entró como querella adhesiva. Supuestamente le representa a la nena de Rodrigo”, afirmó don Ino.
Desde que ingresó a la causa, Mora ha intentado apartar a como diera lugar a los padres de Rodrigo, a pesar de que su representada ya no tenía vínculo alguno con el joven asesinado.
“Ahora resulta que nosotros no tenemos más poder sobre la causa de Rodrigo, no tenemos potestad para seguir con la causa”, lamentó el padre del joven asesinado.
La primera chicana
Mora se presentó como querellante adhesiva junto a su hijo Óscar Ramírez Mora. Ambos alegaron ser representantes de Leticia Redes, madre de la hija de Rodrigo Quintana y quien fuera nombrada como funcionaria del Banco Nacional de Fomento durante el gobierno de Horacio Cartes.
Tras admitirse la querella adhesiva en febrero de 2018, curiosamente Mora y Ramírez otorgan un poder especial al abogado Rubén Darío Frutos para intervenir con ellos.
De acuerdo a un escrito presentado por Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres de Rodrigo Quintana, ante la Corte Suprema de Justicia, esta acción tuvo como única finalidad apartar al juez Alcides Corbeta, quien era el juez original de la causa.
Corbeta tenía causal de inhibición con respecto a Frutos.
Fue tan solo la primera de una larga lista de intervenciones que tenían como único fin dilatar el proceso, de acuerdo a un recuento realizado por los abogados de la familia Quintana.
Contra cruce de llamadas
El 28 de febrero de 2018, los abogados Ana Mora y Óscar Ramírez Mora solicitaron el acceso a información como parte procesal, suspensión de diligencia y copia de orden de pericia.
En el escrito los mencionados representantes manifestaron que no estaban de acuerdo con que se incorporen a la investigación los cruces de llamadas, arguyendo que violan derechos de terceros.
Curiosamente, a los que decían representar los intereses de la hija de Rodrigo Quintana les preocupaban más los derechos de terceros antes que llegar a la verdad sobre quién dio la orden de atropellar la sede del PLRA, acto que terminó con la vida del joven dirigente.
Una semana después, el Ministerio Público respondió diciendo que todo lo que habían solicitado Mora y Ramírez estaba a disposición de los mismos, haciendo alusión a que nunca se acercaron a peticionar.
Los abogados Mora y Ramírez insistieron en marzo de 2018, a través de un urgimiento, sobre su reserva con respecto a la supuesta información de carácter privado.
“En dicha presentación se denota la desesperada actitud de que no se revelen los cruces de llamadas o cualquier elemento que someta a otra persona como responsable del hecho punible; actitud de completa divergencia respecto a su calidad de querellante adhesivo en el proceso”, señala el escrito presentado por Duarte Cacavelos.
Defendieron a jefe policial
En junio de 2018, los abogados Mora y Ramírez desisten de la querella contra el exjefe policial Tomás Paredes Palma y Guido Amarilla.
Paredes Palma fue el que encabezó al grupo de policías que atropelló la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril de 2017, acto que terminó en la muerte de Rodrigo Quintana.
En el escrito, llamativamente los abogados hicieron defensa de Paredes Palma y Amarilla y los tratan de inocentes.
Más de 40 presentaciones
En total, Mora y Ramírez realizaron 42 presentaciones entre recusaciones, desestimaciones, impugnaciones, desistimientos y demás.
Ya en febrero de 2020, el juez Alcides Corbeta les advirtió sobre la temeridad de su conducta y el ejercicio abusivo del derecho en el presente proceso en razón a la visible carencia de fundamentos en los escritos presentados, con los cuales obligan y hasta pretenden dilatar las resultas del juicio.
Entre las 42 presentaciones, los abogados realizaron varias para apartar a los padres de Rodrigo.
El primer intento fue en marzo de 2019, cuando contestaron el traslado luego de que el abogado Óscar Latorre planteara una excepción de falta de acción en representación del excomisario Tomás Paredes Palma.
Curiosamente, los abogados de la exnovia de Rodrigo se adhirieron a esa excepción que fue rechazada por el juez Corbeta.
Finalmente, en noviembre del año pasado, la jueza Hilda Benítez resolvió excluir la querella de los padres de Rodrigo Quintana, en la causa de la muerte del dirigente liberal. Esto luego de que se allanara al pedido el fiscal Giovanni Grisetti.
Cuando el expediente llegó a segunda instancia, Mora y Ramírez recusaron a todos los miembros del Tribunal de Apelaciones Segunda Sala en lo Penal.
Al ser remitido el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, volvieron a recusar a sus miembros, lo que motivó que en fecha 7 de diciembre de 2020 se inhibiera Eugenio Jiménez y que en fecha 20 de enero de 2021, el ministro César Diesel no aceptase ingresar a la Sala.
En setiembre pasado, la máxima instancia volvió a rechazar más recusaciones planteadas.