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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el juez Gustavo Santander, uno de los tres integrantes de la terna de candidatos a la Fiscalía General elegida ayer por el Consejo de la Magistratura, habló de la visión que tiene para el Ministerio Público y lo que buscará lograr si es elegido para el cargo.
Santander quedó en primer lugar en la evaluación de idoneidad hecha por el Consejo como parte del proceso de selección, con un total de 86,50 puntos. Fue juez de Paz de la ciudad de Areguá, nombrado en 1994, y juez penal de Liquidación y Sentencia de la Capital desde diciembre de 2007. Actualmente, es miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, en la Primera Sala de la Capital. Es doctor en Derecho y ejerce la docencia universitaria.
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“Yo estoy en el sistema de justicia desde hace 27 años, conozco el Poder Judicial por dentro, conozco el Ministerio Público por fuera, fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, que tiene relaciones con los fiscales, nos cuentan sus inquietudes (…) y tengo una lucha de hace años por mejorar la administración de la Justicia”, dijo Santander.
El juez ternado recordó que en el pasado cuestionó duramente la “feudalización” del sistema de justicia.
Inequidad en distribución de funcionarios
Santander señaló como un grave problema del Ministerio Público la falta de “equidad” en la distribución territorial de la fuerza de trabajo de la Fiscalía, que tiene una presencia desproporcionada de fiscales y funcionarios en Asunción, en detrimento de otras zonas del país con más habitantes.
Como ejemplo, señaló que el Ministerio Público tiene más de 5.800 funcionarios en todo el país, de los cuales casi la mitad se encuentran en Asunción.
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Además de una mejor distribución de recursos humanos, Santander dijo que es necesario permitir a la Contraloría General de la República hacer una auditoría de las cuentas del Ministerio Público que abarque al menos los últimos diez años.
“Avanzar hacia arriba” en casos de crimen organizado
Santander también opinó que es necesario reorganizar las unidades fiscales como Crimen Organizado, Narcotráfico, Trata de Personas y Delitos Económicos.
Cuestionó que en casos de narcotráfico o contrabando “caen las personas con los cargamentos, pero no se avanza hacia arriba para llegar a los verdaderos dueños de la carga”.
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“No avanzamos hacia arriba en seguir la ruta del dinero, y así no vamos a desbaratar las organizaciones. Ellos fácilmente cambian los soldados”, agregó. “Eso no significa que no haga bien su trabajo la gente de Narcóticos, pero tenemos que reorganizar y que entre a trabajar Delitos Económicos”, acotó.
El candidato a la Fiscalía General afirmó que no permitirá que el “corporativismo” existente en la Justicia paraguaya incida en su trabajo, recordando que en el pasado tuvo casos en los que como juez ordenó la detención de parientes cercanos de ministros de la Corte Suprema de Justicia y condenó a una fiscala y a un juez de garantías.
Finalmente, subrayó la necesidad de devolver la credibilidad al Ministerio Público y otorgarle un “liderazgo jurídico” que -a su juicio- actualmente no existe.
Luego de la selección de la terna de candidatos, esta pasa a consideración del Poder Ejecutivo, que debe proponer a una de las tres personas seleccionadas como nuevo fiscal general. El Senado entonces votará a favor o en contra de esa designación.