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Silvio Lovera Villasboa, propietario de la empresa El Tara de Transporte y Turismo, presentó la denuncia penal el jueves último ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. En su escrito, el transportista relata que en el mes de agosto del actual año tuvo un problema debido a la cancelación de sus ómnibus para operar dentro del territorio de la República, con viajes desde Quiindy hasta Asunción y viceversa.
Comenta que para tratar de solucionar esa situación contrató los servicios profesionales de un abogado, quien mediante un amparo solicitó que sus vehículos sigan prestando servicio como medida cautelar de urgencia, petición que le fuera concedida. Afirma que previamente a esa acción se acercaron a él los abogados Diego Arturo Isasi Gómez y Juan Manuel Fretes Bareiro, además del síndico de quiebras Blas Manuel Velázquez Fernández, a ofrecerle un resultado o solución a su problema judicial.
“Ellos me dijeron que tenían todos los contactos judiciales para volcar a mi favor el pleito judicial que tenía, pero me solicitó la suma de 150.000.000 de guaraníes”, señala.
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Lovera indica en su denuncia que Blas Velázquez le comentó que su cuñado Diego Isasi era el contacto con la jueza y maneja ese ámbito para poder lograr el objetivo. Le dijo, asimismo, que con esa suma trabajaría y haría todo para lograr que recupere su trabajo y el de los choferes que están empleados en su empresa. “Les conseguí la suma de 100 millones de guaraníes endeudándome, porque ellos me aseguraron que tenía derecho y que conseguirían con sus contactos judiciales todo a mi favor. Y les entregué (el dinero) personalmente a los mismos”, indica el transportista en su denuncia.
Comunicación fluida
El empresario asegura que tenía el número de teléfono del síndico Blas Velázquez y que mantenía con él una comunicación a través de llamadas y mensajes de WhatsApp. “Era el mediador o el que recibió el dinero con los abogados para trabajar, como no tenía resultado sobre el juicio pendiente, les llamé a los mismos a reclamar y a impacientarme ya, porque me parecía que me estaban tomando el pelo”, relata en su denuncia.
Lovera refiere que tiene los registros de llamadas y mensajes solicitándoles que cumplan con él lo que le prometieron. “He sido engañado por los abogados y por el contacto de Blas Velázquez, quien utilizó su cargo para aprovecharse de mí y conseguir dinero”, agregó.
Varios hechos punibles
Lovera asegura que a partir de su relato se podría configurar como la comisión de los hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, cobro indebido de honorarios y evasión de impuestos.
En su escrito detalla que Blas Velázquez habría incurrido en tráfico de influencias valiéndose de su contacto cercano con el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes. Expresa que Velázquez realiza estos actos prometiendo que con esas influencias lograrían cualquier cosa en el ámbito judicial, circunstancia sustentada con otras denuncias que han saltado a la luz pública mediante los medios masivos de comunicación.
Agrega que el síndico de quiebras también debe ser investigado por enriquecimiento ilícito, considerando que, de humilde estudiante y abogado, cuenta con cuantiosos bienes e inmuebles, “circunstancia que saltó a luz pública mediante su declaración jurada pública en los diarios, reforzando la teoría de que el trafico de influencias le dejaba buenos dividendos”, se puede leer en la denuncia.
Examen de correspondencia, en proceso
La Contraloría General de la República (CGR), mediante nota número 7990, contestó ayer a las fiscalas Nathalia Silva, Luz Guerrero y María Luján Estigarribia, sobre el pedido de informes que le hicieron acerca de la apertura de exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes presentadas por Amílcar Alfredo Fretes Escobar, Asdrúbal Antonio Fretes Escobar, Adriana Margarita Florentín Oliver y otros, relacionados con el ministro y presidente de la Corte con permiso, Antonio Fretes.
La solicitud del Ministerio Público se realizó en el marco de la causa penal abierta contra Amílcar Alfredo Fretes s/ hecho a determinar, dice el documento.
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El ente contralor en su contestación le indica que las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por las personas citadas se encuentran en proceso, en espera de la recepción de los informes solicitados a diversas instituciones públicas y privadas que serán usados para la culminación del informe pertinente. Una vez concluido el trabajo será remitido al Ministerio Público, señala la nota, firmada por el subcontralor Augusto Paiva.
Por otro lado, la CGR le informa a la Fiscalía que se designó al jefe de la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Armindo Torres, para integrar el equipo de trabajo conjunto.
Tributación, parte
Las fiscalas Silva Guerrero y Estigarribia también se reunieron hace días con el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Este funcionario había señalado el miércoles último a ABC que no solo se analiza un posible hecho de evasión de impuestos de personas ligadas al clan Fretes, sino que se podría estar ante un caso de lavado de activos.
Orué manifestó que además de la reunión mantenida con los fiscales encargados de la investigación, la institución a su cargo tiene otros procesos paralelos.
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“Tenemos nuestro caso paralelo a lo que está teniendo la Fiscalía. Vamos a colaborar con todo lo que tenga que ver con flujo financiero, constitución de empresas, accionistas, personas físicas o jurídicas”, afirmó.
“Hicimos una mesa de trabajo fluida. Designé a dos personas que van a estar trabajando con la Fiscalía. Paralelamente, estamos con (realizando) fiscalizaciones a dos personas que son los hijos del señor Antonio Fretes”, dijo el viceministro.