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El Indert le puso punto final a una desigual disputa en la zona de Mbatovi, departamento de Paraguarí.
Gina Gail González, titular del ente rural, firmó el pasado martes la resolución 4087/2022, a través de la cual desestimó una serie de pretensiones y finalmente adjudicó un inmueble fiscal de 16 hectáreas a Juan Báez Benítez, quien habita en el lugar junto a su familia desde hace casi tres décadas.
Báez había denunciado hace más de un año que la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, pretendía despojarlo de su domicilio.
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Precisamente por publicar la agobiante situación de don Juan, la funcionaria pública presentó dos querellas contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
Larga historia en la que aparece extitular de la SET
Báez vive desde hace casi 25 años en el lugar y denunció que Marta González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santa María, han intentado en reiteradas oportunidades echarlo de ahí.
La historia empezó hace un par de años, cuando Vicente Montiel, suegro de Juan Báez, comenzó con el proceso de venta de cerca de 100 hectáreas que poseía en la zona de Mbatovi.
Parte de las tierras fueron adquiridas por la firma Ruta 63 SA, que posteriormente las volvió a vender a González Ayala y Santa María.
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Aunque Montiel vendió las que eran sus fincas, su familia encontró un remanente fiscal en el que se instalaron, fuera de la propiedad que había sido vendida, aunque vecina a esta.
El propio Indert había confirmado que el inmueble en cuestión era fiscal. Aún así, González Ayala y su esposo, Jacinto Santa María, insistían en decir que eran los propietarios.
El intento de despojo
Don Juan llegó incluso a declarar en el juicio contra nuestros compañeros. En esa ocasión relató al juez Juan Carlos Zárate la forma en la que fue perseguido.
“Yo soy nacido y criado en ese lugar, igual que mi esposa”, afirmó. “Nosotros somos pobres que enfrentamos a personas poderosas y con dinero. Estaba desesperado porque nadie me escuchaba”, continuó Báez.
“Yo busqué desesperado alguien que me escuche y gracias a Dios me escucharon. Si no publicaban, me iban a sacar mi casa”, señaló Báez.
Demolieron vivienda en terreno que no les pertenecía
El 22 de setiembre de este año, efectivos de la Policía y militares llegaron hasta la casa de don Juan y derrumbaron parte de ella.
La demolición, pretendida por González Ayala, fue efectuada mediante una serie de decisiones llamativas. La exviceministra planteó en 2019 un interdicto de obra nueva contra Juan Báez.
El interdicto de obra nueva está regulado en los artículos 653, 654 y 655 del Código Procesal Civil. En concreto, el último artículo establece que la sentencia “dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido”.
A pesar de la claridad del señalado artículo, en noviembre de 2019 la jueza de primera instancia en lo Civil de Paraguarí Nancy Cabrera dictó una sentencia en la que ordenó la “restitución de la posesión”.
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Para poder ejercer un interdicto de obra nueva, los demandantes debieron haber tenido la posesión o ser dueños del derecho real de propiedad, sin embargo, la magistrada Cabrera ordenó la “restitución de la posesión”.
Según señalaron abogados consultados por ABC Color, para poder “restituir la posesión”, de ser ese el caso, debería haberse recurrido a un interdicto de recobrar la posesión, otro tipo de figura legal.
Además, el 22 de junio, la jueza Sady Barreto emitió el mandamiento que fue el utilizado para echar la casa.
Sin embargo, la construcción demolida estaba dentro de un inmueble fiscal que ahora pertenece oficialmente a don Juan y su familia.
“Arbitraria”
El juez penal de Garantías Juan Carlos Zárate había señalado durante el juicio contra nuestros compañeros que la sentencia en la que se basó el derrumbe de la casa era “arbitraria”.