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De Paso Yobái a San Bernardino, pasando por Quiindy y Paraguarí. De lotes en zonas deseadas a empresas de transporte y hasta una mina de oro. Sigue creciendo la lista de presuntos despojos vinculada a la rosca encabezada por la abogada Ana Mora y el síndico de quiebras Blas Velázquez Fernández, compueblano y protegido del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
Una década de sufrimiento
Mario Benítez, accionista de la Empresa de Transporte Ciudad de Paraguarí SA, denunció que hace ya casi una década que no puede siquiera acceder a las oficinas de la firma que había empezado ya con su padre.
Todo empezó como una disputa entre socios de la firma. En agosto de 2013, don Mario consiguió hacerse con la presidencia de la empresa luego de una asamblea. Sin embargo, sus socios decidieron recurrir a la justicia para evitar el cambio de mando.
Una jueza de Paraguarí les otorgó medidas cautelares con base en un amparo. La decisión fue emitida el 12 de agosto de 2013. Estas medidas, recuerda don Mario, deberían durar apenas seis meses.
Sin embargo, las medidas cautelares terminaron durando tres años. Fue entonces, señaló en conversación con ABC Color, que decidió recurrir a la abogada Ana Mora de Ramírez. “Me dijeron que ella iba a ayudarme”, sostuvo.
La abogada le pidió G. 150 millones y consiguió que otra jueza nombrara un administrador judicial.
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Don Mario dijo no contar con el dinero solicitado por Mora, motivo por el cual acordaron que ella manejaría la empresa de transporte hasta cubrir el monto solicitado por sus servicios.
Siempre según su relato, cuando pasaron los tres meses que debía utilizar Mora para cubrir sus honorarios, fue hasta la oficina para pedirle que le permitiera volver. “Me echó de mi empresa”, recordó.
Desde ese momento han pasado ya casi seis años de suplicio. “Me fundieron mi empresa”, se lamentó don Mario.
Como si todo esto no fuera suficiente, el comerciante llegó a ser imputado por la figura de “perturbación de la paz pública”, luego de haber pasado a saludar a choferes de la empresa que se manifestaban frente al predio de la firma en reclamo por despidos.
Don Mario estima que estas acciones le ocasionaron pérdidas que rondarían los US$ 1,5 millones. “Se llegaba a mover unos 4 a 5 millones de guaraníes por día”, recordó.
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La rosca aparece de vuelta
Don Mario recordó que varias veces le dijeron que Mora trabaja con Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras, y que este es cercano al ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes.
El último intento de recuperar su empresa tuvo lugar hace un par de meses, en mayo de este año. Para entonces, Benítez convocó a una asamblea general extraordinaria de los accionistas de la firma, pero el entorno de Mora les negó el acceso al predio.
Recordó que estaba en una casa de su propiedad cuando llegaron varias personas y le dijeron que debía pagar G. 250 millones a un tal abogado Isasi.
Isasi sería Hugo Isasi, el cuñado de Blas Velázquez y hermano de la jueza Clara Isasi, de Quiindy, de donde también es oriundo el ministro Antonio Fretes.
Isasi fue quien recibió G. 150 millones solicitados por Blas Velázquez a otro empresario de transporte, Silvio Lovera, quien es propietario de la firma El Tara. Velázquez y su entorno le habían ofrecido solucionar problemas para renovar su permiso en Dinatran y luego lo dejaron sin nada.
La firma Ciudad de Paraguarí SA, de don Mario, cuenta con atrasos en los pagos al Instituto de Previsión Social (IPS) y también se quedó fuera de la licitación por el tramo que sigue explotando solo por medidas cautelares planteadas por Ana Mora.
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Más despojos
Ana Mora y Blas Velázquez son nombres que aparecen repetidos en varios casos de presuntos despojos.
Entre 2020 y 2021, en el peor momento de la crisis económica y sanitaria, Velázquez se vio envuelto en el caso del aparente despojo de cientos de lotes ubicados en una de las zonas más deseadas de San Bernardino.
A precio regalado, Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman, consiguieron hacerse con 140 lotes en la cotizada zona de Ciervo Cua, en las afueras de San Bernardino.
El mismo Heisecke apareció envuelto en un caso de despojo de Minas Paraguay, una de las explotaciones más valiosas de oro en Paso Yobái. Fue también de la mano de su abogada Ana Mora, quien entonces fue beneficiada por la jueza Clara Isasi.
Heisecke fue grabado amenazando a los dueños originales de la mina.
Mora también apartó a los padres de Rodrigo Quintana del proceso penal que investiga el asesinato del joven liberal en la madrugada del 1 de abril de 2017.