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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el subcontralor general de la República, Augusto Paiva, anunció que la Dirección de Declaraciones Juradas de la Contraloría recibió la orden de dar inicio a exámenes de correspondencia sobre los bienes e ingresos de Amílcar y Asdrúbal Fretes, hijos del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
Paiva comentó que además se harán exámenes de correspondencia a sus cónyuges, ambas funcionarias públicas, además del síndico Blas Velázquez, de la Sindicatura de Quiebras, y la abogada Clara Isasi, esposa de Velázquez.
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El escándalo que rodea a la familia Fretes se disparó este mes cuando se hizo público que Amílcar Fretes, abogado, firmó en 2021 un contrato por US$ 368 mil para brindar asesoría legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba frenar su extradición a los Estados Unidos, a pesar de que había posibilidad de que el caso acabe siendo deliberado por su padre, el ministro Antonio Fretes, en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente se reveló que otro hijo del ministro, Asdrúbal Fretes, omitió el hecho de que era propietario de una casa de cambios con capital de G. 5.000 millones en sus declaraciones juradas presentadas cuando era funcionario del Ministerio Público y su salario rondaba los G. 8 millones.
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Antonio Fretes, vinculado a un síndico de quiebras
Más recientemente, el síndico Velázquez y la jueza Isasi fueron vinculados a un supuesto esquema de despojos de tierras por medio de la Sindicatura de Quiebras, presuntamente con protección del ministro Fretes, luego de que un empresario de transporte denunciara por supuesta estafa a Velázquez.
El subcontralor Paiva dijo que se pedirán informes a la Dirección de Registros Públicos, al Registro del Automotor, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Hacienda, el Fondo Ganadero y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, con relación a bienes o activos que pudieran tener las personas mencionadas.
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Luego de que estallara el escándalo este mes, el ministro Fretes pidió un permiso “por motivos de salud” para ausentarse de la Corte Suprema y numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil han pedido su renuncia o destitución.
A esos pedidos se sumó ayer formalmente la propia Corte Suprema de Justicia, cuyos ministros pidieron a Fretes que renuncie “para cuidar la imagen” de la máxima instancia judicial del país.