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El “paquete” de despilfarro más grande que deberá analizar la Cámara de Diputados es el proyecto de ley “De regularización social y financiera de los trabajadores de Acepar S.A.”, que busca autorizar el pago a los obreros de Acepar por salarios caídos, indemnización por despido injustificado por hasta G. 24 mil millones.
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En tanto que para el Ministerio de Educación y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se solicita una ampliación de G. 4.152 millones para la distribución de kits de alimentos en instituciones educativas nativas, adquisición de tierras y viáticos. El proyecto tiene media sanción del Senado.
Por otro lado, figura en el punto dos del orden del día el pedido de ampliación presupuestaria de G. 4.108 millones hecho por el cuestionado gobernador de Presidente Hayes Rubén Roussillón (oficialista), en pleno año electoral, para la supuesta compra de combustible, viáticos y entrega de “subsidios”.
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Similar pedido de ampliación, pero de la Gobernación de Central a cargo del gobernador Gustavo Machuca (oficialista) -quien asumió el cargo luego de la destitución de Hugo Javier González (HC)- por unos G. 2.343 millones para pago de deudas anteriores por la merienda escolar está en el punto dos inciso D. Ambos proyectos tienen dictámenes favorables en Diputados.
Veto del Presidente Mario Abdo Benítez
El proyecto objetado por el presidente Mario Abdo Benítez y que ahora deberá ser tratado nuevamente en Diputados es la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades) de G. 2.891 millones. El pedido es para la equiparación y aumento salarial. El Poder Ejecutivo advierte que cualquier incremento en el gasto ampliará la brecha del déficit fiscal.