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Extensas propiedades tanto en Asunción como en otras codiciadas zonas del país engrosan el patrimonio inmobiliario del clan Fretes, liderado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes. Los lotes aparecen a nombre de Río Salado SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA, dos empresas en las cuales el principal referente es Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (38 años), hijo del integrante de la máxima instancia judicial.
ABC, a partir de datos existentes en el portal web del Servicio Nacional de Catastro (SNC), localizó -hasta ahora- más de 20 inmuebles, cuya titularidad está consignada a las citadas firmas (ver info). La superficie de estas propiedades identificadas supera 3.200 hectáreas por un VALOR FISCAL superior a G. 28.730 millones, alrededor de US$ 4 millones. Este monto, sin embargo, quedaría una bicoca si consideramos el VALOR REAL DE MERCADO que sería muy superior.
Sobre ruta Luque-San Ber
En cuanto a terrenos bajo la titularidad de Río Salado SA sobresalen fincas situadas en la compañía Tarumandy (Luque), sobre la ruta Luque-San Bernardino. Se trata de seis inmuebles con una superficie mínima y máxima de 70.279 metros cuadrados y 281.745 metros cuadrados, alrededor de 7 y 28 hectáreas, respectivamente.
Verificaciones realizadas por ABC en el sistema web del SNC detallan que todos los lotes en manos de Río Salado SA tienen un VALOR FISCAL de miles de millones de guaraníes, pero tampoco representan el PRECIO REAL DE MERCADO. Para ejemplo está que la finca identificada con cuenta corriente catastral número 27-7092-19 está cotizada en CATASTRO en G. 6.486.959.115; sin embargo, publicaciones para la venta de un terreno en las inmediaciones se presenta un valor de mercado de US$ 50.000 LA HECTÁREA.
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Los registros catastrales especifican que los lotes a nombre de Río Salado SA en Tarumandy están ubicados uno al lado del otro, incluso uno de ellos se extiende desde la ruta Luque-San Ber hasta el río Salado, límite natural entre los departamentos Central y Cordillera. Esto, les permite tener -solo en ese sector- una superficie total, entre todas, de 1.003.608 METROS CUADRADOS, un poco más de 100 hectáreas, con un VALOR FISCAL TOTAL de G. 23.062.421.014, más de US$ 3 millones, una cifra muy por debajo del PRECIO REAL DE MERCADO atendiendo las ofertas verificadas por nuestro diario.
A parte del millonario valor y la estratégica ubicación, un dato revelador es que los terrenos de Río Salado SA en Tarumandy están muy cerca de la “Villa Nueva Asunción”, proyecto habitacional abandonado durante años por la quebrada financiera Óga Rapé. Es decir, todo hace suponer que los terrenos ahora en poder de las firmas del clan Fretes también pudieron ser parte de los bienes administrados por la Sindicatura General de Quiebras, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de la cual Antonio Fretes es parte desde el año 2001.
Ideal para arrozales
En cuanto a la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, en la cual Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, se presentó en el año 2017 como representante legal ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) concentra su dominio en el distrito de Caapucú (Dpto. de Paraguarí) en inmediaciones al río Tebicuary. Este sector es conocido por ser ideal para los arrozales, según describe una promoción de la misma empresa Río Salado SA para la venta de un poco más de 148 hectáreas por US$ 15 millones.
Los registros del SNC evidencian que en esa zona Tebicuary Campos & Hacienda SA registra 13 terrenos por una superficie total de 3.141 hectáreas, por un VALOR FISCAL de un poco más de G. 5.000 millones. Este precio es muy por debajo del precio MERCADO y queda evidenciado por la cotización de la propia empresa del clan Fretes, a más de US$ 100.000 LA HECTÁREA, puesta para la venta.
Feudo del presidente “con permiso”
Antonio Fretes, que se aferra al cargo de ministro de la Corte pese a la ola de escándalos como ser el acuerdo firmado por su hijo Amilcar Fretes Escobar con un hijo del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi para evitar su extradicción a EE.UU., habría convertido la Sindicatura General de Quiebras en su feudo. Reportes periodisticos señalan que en 2016 logró ubicar a Felipe Ramón Nery Huerta Delgado como síndico general de Quiebras. Huerta era director administrativo y financiero de la Facultad de Derecho de la UNA cuando Fretes era decano de esa casa de estudios. El paso del actual síndico general por esa facultad había sido cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR) debido a pagos extraordinarios y otras anomalías. Fretes también consiguió mantener como síndico a su compueblano y protegido, Blas Velázquez, denunciado recientemente como parte de un supuesto esquema de estafa.
Millones sin declarar ante la Contraloría General
Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, un modesto exfuncionario de la Fiscalía con un salario mensual de G. 9.910.000, figura como parte de la empresa Río Salado SA, a partir del 28 de abril de 2015.
Según los documentos en poder de ABC, el hijo del ministro Fretes primero ocupó el cargo de director titular, para luego el 26 de abril de 2016 presentarse ante la asamblea ordinaria con acciones por G. 2.100 millones de los G. 20.000 millones del capital aprobado para esa firma.
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El hijo de Fretes figura como accionista en Río Salado SA con la abogada identificada como Lourdes Beatriz González Gómez. Esta mujer dice en los documentos tener acciones por G. 6.300 millones, solo en Río Salado SA.
Un punto contundente es que NADA DE LOS MOVIMIENTOS y cargos mostrados en los documentos está en la declaración jurada presentada por Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano ante la Contraloría General de la República (CGR) el 14 de setiembre de 2016 cuando dejó de ser empleado público.
Fuentes judiciales consultadas por nuestro diario menciona que ante estas evidencias, Asdrúbal Fretes pudo haber incurrido no solamente en declaración jurada falsa tipificada con hasta 5 años de cárcel, sino también en indicios de enriquecimiento ilícito y hasta posible lavado de dinero, ya que se desconoce la fuente de los ingresos.
Sede de empresa y casa de préstamos
La empresa Río Salado SA igualmente saltó en los informes catastrales con propiedades en Asunción. Uno de ellos es el terreno de 423 metros cuadrados y localizado en el distrito LA ENCARNACIÓN.
Coincidentemente, se trata del predio en el cual Río Salado SA funge de oficina: PRESIDENTE FRANCO 773 CASI AYOLAS. Para empeorar la situación en esa misma dirección también opera la casa de préstamos Ahoraite SA, de la cual Asdrúbal Fretes Valenzano aparece también como accionista junto a su pareja Adriana Florentín Oliver, la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, Río Salado SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA.
Ahoraite SA fue constituída el 14 de abril de 2015, con un capital de G. 5.000 millones. Tampoco Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano lo declaró ante la Contraloría General de la República (CGR), pese a que entonces aún era funcionario de la Fiscalía.
Alquilado a Fiscalía por G. 9 millones
El otro inmueble propiedad de la empresa del clan Fretes, Río Salado SA, está identificado con la cuenta corriente catastral número 11-0194-04, ubicado en el distrito La Catedral de Asunción. Este inmueble, con una superficie de 1.381 metros cuadrados y situado sobre la calle Juan Escalada N° 121 e/ Independencia Nacional y Nuestra Señora de la Asunción (Barrio Obrero-Asunción), figura en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con un contrato de arrendamiento vigente con el Ministerio Público.
El acuerdo es por un monto total de G. 216 millones para un periodo de 24 meses (2022-2023). Es decir, G. 9.000.000 en forma mensual, de acuerdo a los documentos.
Un punto curioso es que en los registros catastrales la propiedad se muestra con el antecedente de transferencia judicial en el año 2010. Lo que significaría, según fuentes consultadas por nuestro diario, que su origen es de un remate judicial.
Al respecto, datos oficiales públicos detallan que en ese sector existían inmuebles del quebrado Banco General y que fueron a remate, coincidentemente, entre los años 2007 y 2010.
Los inmuebles del desaparecido Banco General también estuvieron a cargo de la Sindicatura General de Quiebras. Registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC) detallan que el último trámite de compra-venta sobre ese inmueble data del año 2015.
Nombres repetitivos e incursión multirubro
El clan Fretes aparece al frente de casa de préstamos, negocios inmobiliarios, servicios de cobranzas, seguros hasta vinculados a los bancos Continental y Río. En estas últimas llamativamente saltan nombres y ligazones repetitivas a la hora de la constitución de empresas y/o como parte del directorio.
Tal es el caso de Reynaldo Víctor Oporto Leiva que en 2013 figuraba como accionista para la constitución de la empresa Río Salado SA, aportando G. 1.000 millones en efectivo. Permanece en esa firma -según los documentos- hasta 2015.
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Oporto Leiva luego aparece en la conformación societaria de Negocios y Servicios SA, donde otros accionistas son Río Salado SA , representada por Asdrúbal Fretes –hijo del ministro de la Corte Antonio Fretes- y MTA SA, representada por Óscar Diesel -hermano del miembro de la Corte, César Diesel-. Las firmas Río Salado SA y MTA SA, asimismo, después se muestran como accionistas de Patria SA Seguros y Reaseguros. En esta última compañía aseguradora figura actualmente como presidente Reynaldo Oporto Leiva.
Según los informes oficiales, Oporto Leiva pasó a ser también director titular del Banco Continental desde el año 2018.
ABC contactó con Oporto Leiva el jueves último para obtener su versión, pero este respondió: “Solo leí las versiones impresas del diario y vi información errónea que me vincula a personas públicas. Mi idea es presentar mañana (por el viernes) mi derecho a réplica, al respecto”.
Se le indicó que se le podía hacer una entrevista radial para escuchar su explicación, pero ya no respondió el mensaje