Cargando...
Wilfrido Peralta decidió huir de un equipo de ABC Tv que intentó hacerle consultas sobre la sentencia contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
El magistrado no quiso responder a la pregunta sobre el motivo por el cual pasó por alto las declaraciones de testigos clave como el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz Ortiz, o un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
El informe de la CGR confirmó que existieron incumplimientos de la ley de Contrataciones Públicas por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) durante la administración de González Ayala.
Peralta tampoco quiso responder en qué parte de las publicaciones realizadas por nuestro diario se puso en duda la legalidad de los pagos realizados por la SET al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
“Voy a hablar en mi resolución”, se limitó a decir el magistrado mientras huía a través de las escaleras. Finalmente ingresó a una oficina y cerró la puerta en la cara del equipo de ABC Tv.
Lea más: SPP: fallo es un garrote político y un retroceso frente a la Constitución
Lo que dijo el juez Peralta
Estos son algunos de los puntos del fallo de Peralta dado a conocer a primeras horas de la madrugada de ayer.
El magistrado comenzó justificando su excesiva demora, puesto que llamó a un receso de 90 minutos y terminó volviendo después de casi doce horas para leer su fallo.
“Se fue mucho más de lo señalado por el tiempo, porque existen muchas pruebas, varias documentaciones que requieren un análisis profundo, entonces también otras pruebas relacionada a testimoniales, todas y cada una de las pruebas que fueron producidas dentro del cuadro general en el juicio oral que nos ha llevado desde agosto, setiembre, octubre, tres meses, casi cuatro meses (sic)”, comenzó diciendo.
Lea más: “Fretes hizo antes de irse uno de sus últimos actos de injusticia”, según abogado
“Si bien es cierto, 3 a 4 horas por día, pero las documentaciones, las pruebas documentales que fueron leídas fueron muy extensas. No se puede realizar una valoración a la ligera, requiere de mucha meditación, de mucha mesura para poder realizar y determinar la correcta interpretación de la ley (sic)”, acotó.
“Ahora pasamos a la configuración del hecho punible acusado: difamación. Importante señalar que en este caso hay una contienda por la parte querellante que fue publicado a través de medios de difusión (sic)”, continuó.
Sobre la supuesta difamación contra Marta González
Peralta continuó diciendo:
“En ese contexto, es importante destacar que el derecho a la libertad de prensa previsto en nuestra Constitución en el artículo 26, es uno de los derechos más fundamentales que tenemos en nuestro país y todos pregonamos a que siempre esté por encima de cualquier situación toda vez que sea a los efectos de poder dar a luz cualquier hecho o cuestiones ilícitas que se provoca o que se realice, que está en juego el interés general (sic)”.
“Todos pregonamos que esa actividad siempre encomiable de los medios de prensa. Lo que sí tenemos que analizar y ver es hasta qué punto también esa función del derecho a la prensa y de la expresión puede ejercer esa encomiable labor a favor de todos nosotros los ciudadanos (sic)”.
“Así pues entonces tenemos en el caso particular, que en un momento dado la Secretaría de Estado de Tributación tuvo la necesidad de actualizar el sistema de tributación Marangatu y lo ha denominado Marangatu.2 para que pueda ser actualizado. Entonces, la que se encontraba al frente de esta institución tuvo que firmar una resolución por la que establecía la forma en que debía ser realizado a través de los funcionarios competentes que puedan establecer y puntualizar la necesidad propia de la Secretaría de Estado de Tributación y se le designó a la representante de la viceministra de Tributación (sic)”.
“La señora viceministra al poco tiempo de haber asumido ese cargo tuvo entonces como una de las medidas fue la de actualizar el sistema Marangatu a fin de que pueda ser lo más efectivo, a fin de que pueda ser lo más que pueda cumplir con los contribuyentes. Esto no es desconocida (sic)”.
“Tenemos documentos, tenemos dictámenes e inclusive tenemos declaraciones de profesionales contadores que vinieron a declarar ante este Tribunal y referir que la situación era insostenible (sic)”.
“Entonces, al menos esta situación no es nada extraño ni mucho menos, no se necesitaba mucha investigación para que pueda ser conocido por la ciudadanía, más aún aquellos que se dedican a la actividad tributaria (sic)”.
“Entonces, la Secretaría de Estado de Tributación realizó esos trámites de acuerdo a los dictámenes elaborados por los agentes encargados para ese efecto. Está la señora María Falcón, está el señor Corvalán, el señor Castillo quienes cada uno elaboraron un dictamen a fin de pueda llegar a ese fin de poder actualizar el sistema Maragnatu (sic)”.
Sin analizar redacción
Más adelante, Peralta intentó hacer referencia a las publicaciones de ABC en las que se relató que empleados del CIAT redactaron el informe que formó parte del Pliego de Bases y Condiciones del proceso de compra pública que los terminaría favoreciendo. Al respecto, manifestó:
“Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cuál sería la razón para desvirtuar o desmeritar de que un funcionario de esa entidad o institución internacional pueda venir a realizar un asesoramiento o establecer unos lineamientos de cómo se puede realizar la actualización de un sistema que estaba cayendo, según mencionaron en este juicio oral y público algunos operadores del sistema tributario que son los contadores, cuyo representante del gremio vino a declarar (sic)?”.
“Entonces, en ese orden, se ha llevado adelante ese trámite para poder concretar, definir y realizar ese cometido de la actualización del sistema Marangatu que fue firmado el 17 de junio del 2016 (sic)”.
Varios de estos puntos no fueron mencionados en las publicaciones.
Responsabilidad por opiniones de terceros
En otro momento, el magistrado decidió imputar a nuestros compañeros la responsabilidad por opiniones vertidas en redes sociales por terceras personas.
“Entonces, estas cuestiones, estas lecturas que hace más de 476.000 lectores del diario ABC Color, hace que pueda ser mencionada el nombre de la Sra. Marta González a través de las redes sociales, como desvergonzada y otros epítetos que justamente se leyó y hemos escuchado en la alegación de la parte querellante (sic)”.
Cuestiones no mencionadas por ABC Color
El magistrado volvió a citar cuestiones que las publicaciones realizadas por nuestro diario no incluyeron. Por ejemplo, Peralta señaló que no existió ilegalidad en el monto pagado o que no se demostró que el Sistema Marangatu no cumplió con sus funciones. Estos puntos no aparecen en ninguna de las publicaciones, cuando las críticas versaron sobre la forma en la que se realizó la contratación del CIAT.
“Entonces, yo entiendo y encuentro que no es ilegal el costo que fue abonado por el Estado paraguayo para la actualización del sistema Marangatu. Es decir, demás de esto, cumplió sus fines, no hemos encontrado documento o prueba alguno que se refiera a que el sistema Marangatu a partir del año 2016 no haya cumplido su fin (sic)”, sostuvo.