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La dupla cartista a la presidencia de la República, Santiago Peña-Pedro Alliana realizó ayer una gira por San Estanislao, San Pedro, siendo la única chapa presidencial que no se pronunció respecto al lamentable fallo del juez Peralta que atenta directamente contra la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.
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Ninguno de los legisladores y referentes políticos del movimiento siquiera utilizaron sus redes sociales para referirse al caso, pese a que el grupo empresarial del expresidente Horacio Cartes posee varios medios de comunicación.
Si bien la querellante Marta González fue extitular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) durante el gobierno de Cartes, prevalece el hecho de que la condena atenta contra preceptos constitucionales básicos que como autoridades públicas deberían defender.
Igualmente, como funcionarios en ejercicio de cargos de poder o como aspirantes a ellos, deberían velar por la transparencia en el manejo de fondos públicos y la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, algo que pretende cercenar el fallo judicial que no se limita a ABC, sino sienta una jurisprudencia nefasta para todo el sistema.
No obstante, hay que reconocer que la actitud de este movimiento no se caracteriza precisamente por el respeto a la libertad de opinión, ya que están acostumbrados a utilizar la justicia como “garrote” contra adversarios políticos.
En la Cámara de Diputados han logrado la suspensión en el cargo de legisladores por críticas contra sus colegas, pese a que la Constitución Nacional taxativamente protege mediante los fueros a legisladores por sus expresiones vertidas en el ejercicio del cargo.
A esto hay que sumarle que mediante su presunta influencia sobre la Fiscalía, han provocado que referentes de otros movimientos se pasen a Honor Colorado a cambio de frenar las investigaciones penales en su contra, como fue el caso del gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón, entre otros.