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Planás Albertini había sido denunciado en la década del 2000 por irregularidades en su administración. Una investigación descubrió una red de consultoras fantasma que operaba con varios entes fallidos y que facturó G. 1.500 millones por trabajos nunca realizados. También halló evidencias de vaciamiento en las quiebras del BNT, Bancoplus, Oga Rapé y Financiera Plata, todas a cargo de Planás, dicen los reportes periodísticos de entonces.
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La denuncia derivó en una imputación contra Planás por lesión de confianza. Planás Albertini se vio obligado a renunciar a su cargo.
En 2009, el exsindico logró zafar de un juicio oral y público luego de la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de la donación de G. 1.005 millones a entidades de beneficencia.
Defensora de Concepción
Adriana Planás, la postulante para el cargo, por su parte, tiene en su haber denuncias cuando ya integró en 2015 la terna para la Defensoría Pública de la Circunscripción Judicial de Concepción. Aspirantes habían dicho que iba a ser nombrada pese a no residir en la zona, además su abuelo era entonces superintendente, de acuerdo a los datos.
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Efectivamente, Planás Bajac estuvo solo por algunos periodos por esa sede, para luego trasladarse a la zona de Asunción y Central, según evidenciaron los registros de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Represalia, dicen
Por su parte, Hugo López, abogado de la jueza penal Nilda Giménez, otra de las ternadas para el cargo de juez penal de Asunción, afirmó ayer a ABC que la magistrada recibió la amonestación del Tribunal de Ética como una represalia a las denuncias que siempre realizó. Dijo que la instancia tomó la determinación sin analizar un expediente con 400 fojas presentado por la jueza Giménez.