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El demoledor informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) cita en sus conclusiones una serie de irregularidades en cuanto a los procesos de investigación abiertos en los últimos años sobre incautaciones de cigarrillos traficados ilícitamente. Además, la CBI calificó al expresidente Horacio Cartes como “jefe” de un esquema supuestamente dedicado al contrabando de cigarrillos y presunto lavado de dinero.
Una de las anomalías mencionadas tiene que ver con un cargamento confiscado en diciembre de 2017 en la zona de Cerro Cora’i, en Pedro Juan Caballero.
“Esta comisión no pudo acceder a informaciones sobre el estado procesal de los paraguayos implicados en el contrabando de cigarrillos ocurrido en Cerro Cora’i, Pedro Juan Caballero, en el año 2017″, señala el informe parlamentario que califica la situación como “sumamente preocupante”.
“Esta comisión recibió una información parcial, de que supuestamente el cargamento de cigarrillos incautados habría desaparecido del resguardo”, agrega.
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Cargamento de cigarrillos ligado al PCC
El 7 de diciembre de 2017, un procedimiento en territorio paraguayo terminó encontrando uno de los “búnkers” de una organización criminal investigada en Brasil.
Mientras buscaban a miembros del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), una comitiva fiscal, policial y hasta militar se topó con 22 camiones de gran porte; 8 de ellos ya cargados con cigarrillos, esperando el momento de partir.
La propiedad estaba ubicada en Pedro Juan Caballero, a escasos 500 metros de la frontera seca con Brasil. De acuerdo a publicaciones de la época, el inmueble era propiedad del narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
El predio estaba alquilado por Distribuidora Liza y varios de los vehículos encontrados en el lugar pertenecían a la empresa cuyo propietario es Alcides Frutos Arana.
Los cigarrillos incautados eran mayoritariamente de marcas producidas por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.
Precisamente, en los anexos del extenso informe parlamentario aparecen varios Informes de Inteligencia Financiera en los que se hacen extensos relatos sobre un supuesto esquema criminal ligado a Frutos Arana, quien es uno de los mayores compradores de Tabesa.
Cercano al cartismo
Alcides Frutos Arana (alias Kapí o Capim), propietario de Distribuidora Liza SA, es señalado en un extenso informe de la Policía Federal brasileña como uno de los “patrones” de una supuesta organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos desde Paraguay al vecino país, según se cita en los anexos que conforman el informe de la CBI.
Alcides es además cuñado de Carlos Marcial Godoy, quien ocupa el cargo de jefe de visturía o vista en la Dirección Nacional de Aduanas, que tiene un llamativo crecimiento patrimonial y es precandidato a diputado por Caaguazú por el movimiento Honor Colorado. Godoy es pareja de Liliana Frutos Arana, quien aparece también como accionista de la empresa.
El extenso informe habla de un esquema de corrupción policial en ambos países que permite la circulación de los cargamentos.
Distribuidora Liza aparece, asimismo, como uno de los principales compradores de cigarrillos producidos por Tabesa y distribuidos por Palermo SA, ambas pertenecientes al expresidente Cartes.
Investigado en Brasil
De acuerdo a informes de inteligencia financiera remitidos a la Fiscalía y que conforman los anexos del trabajo de la CBI, la referida empresa realizó compras por más de G. 905.000 millones a ambas firmas del Grupo Cartes entre 2009 y 2017.
Los primeros datos de la supuesta organización dedicada al contrabando de cigarrillos saltaron ya en 2011. En ese entonces, la Policía Federal detectó un grupo liderado por los brasileños Ângelo Guimarães Ballerini (alias Alemão), Carlos Alexandre Goveia (alias Kandu), Valdenir Pereira Dos Santos (alias Perna) y Fábio Costa (alias Pingo).
Una vez que el esquema fue revelado por las investigaciones oficiales en la nación vecina, aquellos se establecieron en la zona de Salto del Guairá. El informe indica que fue entonces que Frutos Arana pasó presuntamente de ser un proveedor de cigarrillos de contrabando a convertirse en otro de los “patrones” del grupo.
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“Los patrones formaron un consorcio criminal enfocado en la creación de “corredores logísticos de escolta de cigarrillos contrabandeados a través del territorio de Mato Grosso do Sul”, dice el informe.
El reporte señala que también cuentan con base en la zona de Pindoty Porã, una pequeña localidad ubicada en la frontera seca con Brasil y que tiene al menos cuatro rutas operativas.
Fiscal Hugo Volpe acusado por Brasil
El caso quedó en 2017 en manos de los fiscales Hugo Volpe y Alicia Sapriza. De acuerdo a las publicaciones de la época, el primero citado intentó no dar detalles del contenido de los camiones.
Los procesados eran 12 paraguayos y 16 brasileños, varios de los cuales se enfrentaron a balazos con la comitiva que ingresó a la estancia donde estaban.
En mayo último, la Fiscalía de Brasil solicitó la apertura de un proceso penal en el vecino país contra Volpe y otros fiscales de nuestro país. Las autoridades judiciales de Brasil señalaron al exfiscal de haber recibido sobornos por archivar una causa contra el notorio criminal Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, en Paraguay, ya en julio de 2019.
Una de las mayores confiscaciones
La incautación de cigarrillos en diciembre de 2017 se convirtió entonces en la más grande registrada en territorio paraguayo, superando la marca que había sido establecida en 2009, cuando fueron confiscadas miles de cajetillas de productos de tabaco en Pindoty Porá, frontera seca entre Paraguay y Brasil en la zona de Canindeyú.
El nuevo “récord” de incautación se establecería en 2018 cuando se realizaron los allanamientos en la zona de Salto del Guairá.