Diputados queda sin quorum y “bicicleteo” de deuda del IPS fue postergado

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se levantó esta tarde por falta de quorum. Los cartistas y los patriaqueridistas se retiraron de la sala para impedir el tratamiento del plan de “bicicletear” la millonaria deuda del fondo de salud del Instituto de Previsión Social (IPS). De esta manera también se postergó el plan de criminalizar los hechos de corrupción para aumentar sus penas de cárcel.

Sesión de la Cámara de Diputados.
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La sesión de la Cámara de Diputados se levantó pasadas las 16:00 al verificarse el quorum. Los cartistas y los patriaqueridistas informaron que se retiraban de la sesión para impedir el tratamiento de la propuesta que pretende habilitar al Instituto de Previsión Social (IPS) a realizar préstamos, incluso internacionales, para cubrir el déficit del fondo de Salud de la previsional, que acumula deudas por G. 1,6 billones con proveedores. Este expediente figuraba en el punto 4, inciso B del orden del día de la extraordinaria.

Penas contra la corrupción

El pleno también postergó todo el resto de los puntos del orden del día incluyendo el proyecto de ley con el que se busca elevar las penas de cárcel en casos de corrupción, como lesión de confianza y sobornos o coimas.

Dicho tratamiento estaba en duda, ya que miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual es presidida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), iban a plantear la postergación para tener el parecer el Ministerio Público y otras instituciones.

La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Brítez (Alto Paraná, ex Cruzada Nacional) y plantea modificar los artículos 14, 192, 300, 301 y 302 del Código Penal.

Concretamente, propone que la pena carcelaria en casos de lesión de confianza, actualmente hasta 5 años los casos más leves y 10 años en los “casos graves”, se eleve hasta 15 años si es cometido por un funcionario.

En casos de cohecho pasivo, plantea que el límite de hasta tres años se eleve hasta seis años de prisión. En caso de cohecho pasivo agravado, propone que las penas de hasta cinco años sean elevadas hasta 15 años de cárcel.

Así también, amplía el alcance de las sanciones contra jueces que cometan dichos delitos, para los que la pena vigente de 10 años suba hasta 15 años. En casos de sobornos, la propuesta es que la sanción máxima de 2 años suba a ocho años.

La semana pasada, el Senado dio media sanción a otro proyecto de ley que reduce la pena vigente de 10 a 8 años por el delito de lesión de confianza.

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