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El proyecto de Ley “Que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley N° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público” establece la posibilidad de que los propios fiscales que se consideren en riesgo soliciten su adhesión al programa de protección y deberán informar de sus actividades oficiales y extraoficiales a la Fiscalía General del Estado, a fin de evitar casos como el del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios durante su luna de miel en Colombia.
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El punto que se modificó es el artículo 34, es decir sustituir la palabra “Solicitarán por Podrán solicitar” su ingreso al programa de protección y deberán informar a la FGE todas las “actividades oficiales y extraoficiales, con la finalidad de que éste disponga la seguridad y protección de los mismos dentro y fuera del territorio nacional”.
Además se solicitó modificar el artículo 50 que establece las atribuciones del Ministerio Público y el artículo 62 que habla sobre la contratación de asesores nacionales o extranjeros.
Este proyecto ya tuvo media sanción en Senadores en julio pasado, y hoy se aprobó en Diputados con modificaciones a pedido de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya titular es la diputada Rocío Vallejos (PPQ) por lo cual debe volver a la cámara de origen.