Sigue polémica por reducir pena de cárcel a lesión de confianza

En reunión de Mesa Directiva del Senado, el titular del Senado, Óscar Salomón (ANR, oficialismo), y los senadores del Partido Patria Querida dijo que correspondería remitir a la Cámara de Diputados la pena reducida de 8 años por el delito de lesión de confianza. Afirman que en un acta solo se puede corregir errores de forma, no de fondo.

El senador Óscar Cachito Salomón, presidente de la Cámara de Senadores.
El senador Óscar Cachito Salomón, presidente de la Cámara de Senadores.Gentileza

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La semana pasada se instaló una gran polémica luego de que la Cámara de Senadores redujera la pena por el delito de lesión de confianza de 10 a 8 años antes que aumentarla a 15 años como establecía el proyecto original de la Cámara de Diputados.

Un día después de la aprobación, el senador Hugo Richer (FG), presidente de la comisión de Legislación, dijo que existió un “error de tipeo” en el proyecto de ley aprobado, y que prueba de ello es que en ningún momento del debate se habló de reducir la pena, sino de mantener el marco legal vigente de 10 años para el delito de lesión de confianza y 8 años para el delito de estafa, ambos delitos enmarcados para los casos de corrupción pública.

Richer, al igual que la senadora Desirée Masi (PDP), señalaron que solicitarían la corrección del texto durante la lectura del acta para que se mantenga la pena máxima de 10 años para el delito de lesión de confianza.

Ayer, en reunión de la Mesa Directiva del Senado, tanto el presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, oficialista), como los senadores Stephan Rasmussen y Georgia “Nani” Arrúa, ambos del PPQ, coincidieron en que solo se puede realizar la corrección del acta de la sesión del pasado jueves 13 para errores de forma, no de fondo, por procedimiento que está establecido en la Constitución y en el reglamento de la Cámara.

El senador Rasmussen indicó que durante la reunión varios senadores expusieron que no corresponde cambiar por acta las penas, ya que en la sesión se leyó el texto de la comisión de Legislación y se aprobó. “Es un tema de fondo, no de forma. Cuando se cierra la sesión, ya no se puede cambiar nada de esa sesión. El senador Salomón dijo (en la reunión) que tiene el mismo criterio”, enfatizó el legislador de PQ.

Indicó que el punto será debatido en plenaria y que no se puede cambiar lo que se votó. “Si son errores de forma, no hay problema, pero definir los años de una pena por acta es peligroso”, señaló y sumó que su partido seguirá defendiendo la versión de aumentar la pena a 15 años.

Roa alerta que abreviar castigo sería criminal

La activista social Anticorrupción María Esther Roa afirmó que sería criminal reducir la pena vigente por el delito de lesión de confianza de 10 a 8 años, para un pueblo que soporta robos y saqueos de sus autoridades públicas.

“Entendemos que lo ideal hubiese sido que rechacen (el proyecto) para que por lo menos se siga conservando la pena establecida en los casos graves de lesión de confianza que es 10 años, porque reducir a 8 años realmente es criminal para el pueblo que viene soportando los saqueos y los robos”, indicó.

María Esther Roa, activista social en contra de la corrupción.
María Esther Roa, activista social en contra de la corrupción.

Mencionó que en otros países la expectativa de pena en los hechos punibles de corrupción o del crimen organizado es de 20 o 30 años, pero que en nuestro país el abigeo es mucho más grave que robarle al pueblo.

Indicó que el proyecto original presentado por la diputada Rocío Vallejo (PPQ) es el clamor ciudadano y lamentó que 16 senadores hayan dado la espalda a la ciudadanía que viene clamando el cese de la impunidad.

“Reducir la expectativa de pena de 10 años en los casos de lesión de confianza a 8 significa que ellos le están pasando la mano a los corruptos y nos sorprende que los senadores del Frente Guasu, que se mostraban en contra de la corrupción, ahora estén respaldando la impunidad. Hay un contrasentido o un doble discurso y otras personas que se sumaron a esto”, indicó la activista social anticorrupción.

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