Senadores de ANR, PLRA, FG y PDP en contra de elevar penas contra corruptos

Un grupo de 16 senadores de la ANR, PLRA, Frente Guasu y del PDP en la última sesión votaron por modificar el proyecto que pretende elevar a 15 años la pena por delitos de corrupción. Bajaron la penalidad vigente de 10 a 8 años en el delito de lesión de confianza. Si bien corregirán el “error” mantendrán la vigente de 10 años.

El Senado en la sesión del jueves buscará corregir un supuesto error de tipeo sobre la pena por el delito de lesión de confianza.
El Senado en la sesión del jueves buscará corregir un supuesto error de tipeo sobre la pena por el delito de lesión de confianza.ARCENIO ACUÑA

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La Cámara de Senadores, en su última sesión ordinaria, redujo la expectativa de pena vigente de 10 a 8 años en el delito de lesión de confianza. Los 16 senadores no consideraron aprobar la propuesta original de elevar el marco penal a 15 años, versión de la Cámara de Diputados.

Los impulsores de las modificaciones que fueron realizadas en la comisión de Legislación alegaron que existió un “error de tipeoya que debían aprobar que se mantenga el marco legal de 10 años y no de 8 como fue aprobado por el pleno.

Indicaron que durante la lectura del acta de la sesión del jueves 13 plantearán la corrección del artículo 192 de Lesión de Confianza y establecerán que la pena sea de 10 años y no de 8 años, como actualmente esta vigente. Ratificarán su intención de no aumentar a 15 años las penas en los delitos de estafa y lesión de confianza.

El senador Hugo Richer (FG), titular de la comisión de Legislación mencionó que los asesores penalistas que participaron en la comisión Bicameral de Reforma Penal les recomendaron no elevar el marco legal de los delitos de corrupción pública.

“La decisión no esta sustentada en las estadísticas. Otro riesgo que representa este aumento (15 años) es que sea utilizado por el sistema de corrupción del sistema judicial, que utilizaría las imputaciones de estafa para pedir prisión preventiva, muchas veces a modo extorsivo, y es lo que ha sucedido, incluso antes de la vigencia de este Código”, indicó Richer.

La senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) afirmó que la intención del proyecto original de elevar los marcos penales de lesión de confianza y estafa no hace referencia a los casos de cheques de cuentas canceladas o la intención de utilizar como un chicote.

“Se refiere a establecer y reglar los casos especialmente graves como al hecho de la conducta del autor, y que haya tenido como consecuencia el peligro e incluso la ruina financiera de la víctima, así como la actuación comercial y la formación de agrupaciones que se dedican a la producción de documentos no auténticos, que son utilizados para sostener la declaración falsa destinada a causar el perjuicio en el patrimonio ajeno. Nos referimos a grandes estafadores que causan grandes perjuicios a un tendal de víctimas”, dijo en alusión al Clan González Daher.

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