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El titular de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hugo Richer (Frente Guasu), mencionó ayer que hubo un “error de tipeo” en el texto que fue aprobado en la sesión ordinaria del jueves, en el que reducen la pena vigente de 10 a 8 años por el delito de lesión de confianza.
La versión aprobada de la Comisión de Legislación señala: “En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho años”. Sin embargo, en la próxima sesión ordinaria del Senado se pretende enmendar el error, durante la lectura del acta de la sesión ordinaria del jueves 13 y mantener la pena vigente de hasta 10 años.
El texto de la Cámara de Diputados plantea para los casos especialmente graves, que la pena privativa de libertad será de 1 a 15 años.
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“Se produjo un error que hay que tratar de subsanar”, dijo Richer y reiteró que en la Comisión de Legislación una mayoría prefiere que no se aumenten las penas, sino mantener la pena vigente.
Mencionó que la discusión en el pleno giró en torno a lo que pretenden corregir, pero que hubo un error involuntario. “En ningún momento del debate se consideró bajar la pena, por eso hablo de un error material en la transcripción”, indicó.
Richer indicó que existen antecedentes y que en la sesión ordinaria del jueves, en la lectura del acta, plantearán la precisión de la decisión que tomó la Cámara de Senadores. Tenemos fundamentos suficientes de cómo tiene que ser redactada el acta de la sesión del jueves 13, indicó.
La senadora Desirée Masi (PDP), en su cuenta de twitter, defendió el texto de la comisión y señaló a la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) que no se debatió aumentar o disminuir las penas y que hubo un error material en la presentación del cuadro en la sesión ordinaria pasada, que puede ser corregido.
Penas para estafa
La versión de Diputados, en los casos de estafa, plantea que cuando es especialmente graves, la pena sea de 1 a 15 años. Los senadores modificaron el texto y la bajaron a 8 años, es decir mantienen la pena vigente. El Senado tampoco modifica las penas vigentes por lesión de confianza (10 años) y estafa (8 años) y rechaza la idea de elevarla a 15 años, como plantea Diputados.
La Cámara Baja ahora necesitará de 41 votos para ratificarse en su versión, de lo contrario quedará firme la versión del Senado.
Casos similares al Clan RGD
El senador Stephan Rasmussen (PPQ) indicó que el punto no es el error involuntario, sino el hecho de no elevar las penas en la estafa ni en el delito por lesión de confianza en casos graves. “El espíritu de la ley era elevar la pena para los casos de estafa similares al del clan González Daher y los casos de lesión de confianza”, señaló el líder de la bancada del PPQ.
“No tiene sentido”, dice Rocío Vallejos
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), una de las principales autoras del proyecto de ley que eleva las penas hasta 15 años de cárcel para los delitos de lesión de corrupción cuestionó las modificaciones que los senadores introdujeron a la norma.
Vallejo dijo que el texto de Diputados establece una obligación que la pena diga “será” y no que “podrá” ser aumentada para los casos especialmente graves como modificó el Senado. “Esto desvirtúa el aumento de penas y en vez de poner podrá ser por será, no tiene sentido el cambio”, dijo.
También detalló que los senadores establecen un porcentaje no contemplado en el marco penal. Menciona que un caso especialmente grave se presenta cuando el autor o partícipe a sabiendas “ocasione un perjuicio patrimonial de gran cuantía que afecte hasta el 70% del patrimonio de la víctima, o conduzca a diez o más personas al peligro de la cesación de pagos o la insolvencia”.
“Le tienen que investigar a la víctima cuanto es su patrimonio para saber el perjuicio. Supongamos que sea una víctima que tenga US$ 1 millón y tuvo un perjuicio de US$ 700 mil no se va a poder agravar la pena. ¿Y si son 9 personas? No se le va a poder agravar la pena por mas que haya fundido la vida de la gente”, consideró.
La diputada por Central también cuestionó que el tercer agravante se tenga que demostrar que hubo un objetivo de perjudicar el patrimonio del Estado.