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El diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), que hace unos meses debió retirar un cuestionado proyecto de ley que pretendía disponer de las propiedades del Instituto de Previsión Social (IPS), presentó una nueva iniciativa que establece medidas administrativas para financiar el programa de enfermedad y maternidad del IPS, que genera dudas, sobre todo por la celeridad que pretende imprimirle.
El proyecto busca “bicicletear” la deuda del Fondo de Salud del IPS, que actualmente asciende a G. 1,6 billones (US$ 233 millones), por la pandemia, por el crecimiento de los asegurados (incluido familiares), pero básicamente por mala administración, en algunos casos vinculados a supuestos hechos de corrupción.
El titular del IPS, Vicente Bataglia, concurrió ayer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, presidida por Samaniego (hermano de la senadora Lilian), para respaldar este proyecto que pretende habilitar a contraer deudas a largo plazo.
“Esta ley lo que haría es oxigenarnos un poco. Nuestra Carta Orgánica nos permite tomar créditos a corto plazo, lo cual hace difícil que podamos nosotros manejar esa deuda con los recursos legales que hoy tenemos, pero hacer una deuda a largo plazo no compromete mucho nuestros egresos mensuales y nos permite cumplir con los proveedores”, argumentó Bataglia. Fue al culminar la reunión, de la cual también participaron representantes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y sindicatos de IPS .
Bataglia justificó esta “bicicleteada” de deuda, diciendo que supuestamente se acrecentó en la pandemia y que es para pagar a proveedores, que actualmente inflan sus precios por cobro diferido. “Un proveedor que nos vende hoy sabe que en menos de dos años no va a cobrar y entonces carga el costo financiero a su producto y hace más caro”, alegó.
Finalmente, dijo que los representantes sindicales aceptaron la iniciativa “después de entender bien que solo se toca el fondo de Salud y que es para financiar el pago de deudas que ya tenemos; no es que vamos a endeudarnos más”, aseguró.
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Plan riesgoso para asegurados de IPS
Si bien el proyecto de ley en su artículo 4º dispone que “las obligaciones emergentes de la presente normativa serán cumplidas únicamente con recursos prevenientes del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social”, las deudas las asume la previsional, por lo que no se puede descartar que, en el caso de incumplimiento, se pueda requerir judicialmente al cobro, siendo el fondo de las Jubilaciones, el único hasta el momento con superávit.
Si bien el proyecto de ley establece que la cuota del préstamo asumido “no podrá exceder el 5% (cinco por ciento) del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera”, el fondo de Salud –en déficit año tras año– nada garantiza que con el manejo actual, la deuda no vuelva a crecer.
A esto hay que sumarle que con el “bicicleteo” no se atacan los problemas reales de fondo, como la mala administración en algunos casos con sospechas de corrupción, permanencia de altos índices de informalidad laboral y evasión de pagos de aportes, que minan el fondo de salud.
Estado adeuda G. 3,2 billones
A la par de este cuestionado proyecto, hay otro que no genera mayor controversia ya que pretenden establecer un mecanismo para que el Estado paraguayo honre la deuda de G. 3,2 billones con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El Gobierno, que debía ser el principal garante del cumplimiento de las leyes, tenía la obligación de pagar 1,5% calculado sobre el monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores, lo cual no hizo durante años. El proyecto de ley plantea que en tres años se inicie el pago de esta deuda.