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Los ministros; Jaime Bestard (ANR, cartista), César Rossel (PLRA) y Jorge Bogarín (independiente) concurrieron ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y solicitaron una millonaria ampliación presupuestaria para el 2023. De paso, anunciaron que pedirán una transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda.
Según los datos, en el presupuesto previsto para el 2023, la Justicia Electoral solicitó, antes del siniestro, G. 663.111 millones, unos G. 1.399 millones más con respecto al 2022. A este monto, se deben sumar los G. 15.000 millones de ampliación que se incluyó principalmente para cubrir las pérdidas dejadas por el siniestro del 29 de setiembre pasado. Fijándose entonces como monto global solicitado G. 678.111 millones para el 2023.
Bestard explicó que, de los G. 15.000 millones, unos G. 4.000 millones serán utilizados para servicios no personales, es decir, mantenimiento del edificio, mamparas, piso y otras infraestructuras menores.
También se utilizarán G. 4.000 en colocación de alarmas contra incendios en el edificio central y otras dependencias, G. 2.000 millones en compra de muebles y enseres y G. 5.000 millones en compra de equipos de computación, fotocopiadoras e impresoras.
Transferencia de Hacienda al TSJE
El titular del TSJE agregó que, paralelamente a esa ampliación, se acordó con Hacienda solicitar un transferencia de crédito presupuestario de G. 20.000 millones principalmente para adquirir los equipos necesarios para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Este monto será posteriormente cubierto con el cobro del seguro pero, debido al factor tiempo, se necesita del dinero ahora y no se puede esperar el proceso de la aseguradora.
“Hemos acordado con el Ministerio de Hacienda, para subsanar la situación y contar con los equipos para el TREP, solicitaremos una transferencia de crédito entre organismos y entidades del Estado. Esto está estipulado en la ley de presupuesto en situación de emergencia, desastre o calamidad pública. No impacta en el presupuesto global, pero se realiza una transferencia que cubrirá luego el seguro”, dijo Bestard.
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Justifican uso de búnker como oficinas
El TSJE, en su informe al Congreso Nacional, justificó el uso del Bloque D o “el búnker” en oficinas administrativas y no para resguardar las máquinas de votación, por el inicio de la pandemia y por la vigencia de la ley de financiamiento político.
“El ingreso de la pandemia que derivó a la modificación del plan y las fechas de entrega de máquinas de votación que inicialmente debían estar resguardadas en el bloque D y la promulgación de la ley de financiamiento político, cuyo mandato obligaba a la Justicia Electoral la creación de nuevas dependencias(..) Estas causas obligaron a la Justicia Electoral a buscar maneras más eficientes de aprovechar los espacios para reubicar las oficinas de la coordinación departamental y se hizo la readecuación del Bloque G para resguardar las máquinas de votación con sistemas de seguridad y de alarmas contra incendios”, reza parte del justificativo del TSJE.
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Según el informe, el bloque G (siniestrado) contaba con todos los sistemas contra incendio tanto en la planta baja como en la planta alta, pero no explica por qué no funcionaron el fatídico día en donde a más de las millonarias pérdidas falleció el funcionario Aníbal Ortiz. También aclara que se presentaron todos los planos a la Municipalidad de Asunción y que había un protocolo contra incendio.
Se informó además que, durante el siniestro, se destruyeron 7.919 máquinas de votación, 1.985 escáneres, 745 netbooks y 1.010 notebooks, 1.389 teléfonos celulares, 2.900 módems.
No tiene seguro de vida para funcionarios
Por otro lado, se confirmó que el TSJE tiene un seguro para el edificio, vehículos y muebles y que la empresa que alquila las máquinas de votación también tiene seguro contra siniestros, pero no se cuentan con seguro en caso de fallecimiento de un funcionario.
No obstante, el ministro Jaime Bestard indicó que están previendo la reparación en el concepto de “daño moral” que le permita a la familia una cierta tranquilidad. Si bien no se tiene cifras aún, ya están previendo el resarcimiento económico para la familia.