Veto a millonaria indemnización para exobreros de Itaipú implica avanzar con “mesa técnica”, indica abogado

El doctor Milciades Areco, abogado de los exobreros de la Itaipú Binacional que buscan recibir una millonaria indemnización, indicó que pese al veto total del Presidente de la República al proyecto de ley, aún con este rechazo, pueden avanzar con una “mesa técnica” para finalmente conseguir este pago.

Dr. Milciades Areco, representante de los exobreros de Itaipú.
Dr. Milciades Areco, representante de los exobreros de Itaipú.Orlando Bareiro

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El presidente Mario Abdo Benítez anunció hoy que la posición del Poder Ejecutivo es la del veto total respecto a la ley que pretende otorgar una indemnización total de US$ 940 millones a exobreros que trabajaron para Itaipú.

Ante esto, el abogado de estos extrabajadores, Milciades Areco, confirmó que lamentan este rechazo, sin embargo, precisó que mediante el veto también se podría avanzar con una “mesa técnica” que tendría el mismo fin, llegar a recibir esta millonaria compensación.

Asimismo, Areco detalló que esta mesa estaría conformada por el Poder Ejecutivo, la Itaipú Binacional, dos representantes del Congreso Nacional y otras tres personas que representen a los extrabajadores de la hidroeléctrica.

En referencia al monto de la compensación, el abogado -sin precisar un dato específico-, manifestó que lo que se busca “no alcanzaría ni a la mitad” de lo que comunican los medios de comunicación, pese a incluir a unas 11.500 personas que recibirían este pago, siendo todas aquellas que “participaron en el emprendimiento” de la Binacional.

Veto de Mario Abdo Benítez

Justificando su veto total, Abdo Benítez argumentó que este tipo de decisiones se deben tomar en conjunto con Brasil, teniendo en cuenta -según indicó- lo que establece el ratado de Itaipú.

Lo que estamos haciendo con esto es precautelar los intereses de la binacionalidad”, comentó.

También manifestó que consideran inconstitucional dicha ley, por lo que no corresponde su promulgación, señalando a la vez que si la ley entra en vigencia tendrá un impacto económico importante del que el Ejecutivo no puede hacerse cargo.

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