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Mientras los diputados dilatan la decisión sobre la destitución o no del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, existe una “laguna legal” que hace que la gobernación tenga tres personas que se dicen tener las riendas de la institución guaireña.
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Por un lado se encuentra, el gobernador electo, Juan Carlos Vera, quien indicó que a estar el informe final de la intervención y al cumplirse los tres meses no tiene impedimento legal para volver a su cargo, por otro lado está el presidente de la Junta Departamental, el liberal Juan Rojas Sanabria, quien alega ser encargado de despacho hasta tanto se decida la situación de Juan Carlos Vera y en tercer lugar está el interventor Juan Pablo Insaurralde, quien sigue siendo el administrador de gastos.
Batalla judicial por la titularidad de la Gobernación de Guairá
El 30 de setiembre el gobernador cartista Juan Carlos Vera consiguió un amparo judicial firmada por la jueza del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Villarrica, Adriana Narváez, esposa del gobernador de Caazapá, el también cartista Pedro Díaz Verón para ocupar su cargo Sin embargo, Juan Rojas Sanabria (PLRA) apeló la resolución por la cual se ordena la restitución de Juan Carlos Vera y recusó a la jueza Narváez. Esta batalla judicial debe definirse en el Tribunal de Apelaciones.
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Denuncia fiscal
Por otro lado, el interventor Pablo Vera Insaurralde ya presentó denuncia ante el Ministerio Público contra el cartista por lesión de confianza, falsificación y uso de documentos públicos de contenido falso el 2 de setiembre paso, luego fue ampliada la denuncia por administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e inducción a un subordinado.
Esta denuncia ingresó a la Unidad de Delitos Económicos el 6 de setiembre pasado pero, a casi un mes la Fiscalía, sospechosamente, no designó un investigador para analizar la denuncia contra el candidato a senador del movimiento Honor Colorado, cuyo líder es el designado por EEUU como “significativamente corrupto” Horacio Manuel Cartes.