Auditoría para “ordenar la casa” en la Defensoría del Pueblo

El nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila, dijo que está en marcha una auditoría para transparentar la situación en que se encuentra la institución, luego de la administración del cuestionado Miguel Godoy, quien renunció ayer obligado por la presión ciudadana y un inminente juicio político.

Rafael Ávila defensor del pueblo
Rafael Ávila, defensor del Pueblo.Pedro González, ABC Color

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En conversación con ABC Cardinal este jueves, el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila, expresó su intención de “crear una Defensoría confiable” luego de haber jurado ayer en reemplazo del cuestionado Miguel Godoy, quien se vio obligado a renunciar ante la inminencia de un juicio político en su contra.

Ávila afirmó que comenzó el proceso de “ordenar la casa, que está un poquito maltrecha”, con una auditoría a cargo de un nuevo equipo de administración de su confianza, para “tener exactamente cuál es la situación de la Defensoría”.

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“Yo vine para transparentar y crear una Defensoría confiable”, afirmó Ávila, quien estimó además que los primeros resultados de la auditoría estarán listos en ocho a diez días y prometió que cualquier irregularidad detectada que lo amerite será denunciada ante el Ministerio Público.

Miguel Godoy se vio obligado ayer a presentar su renuncia a la titularidad de la Defensoría del Pueblo luego de que la bancada cartista del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, que hasta entonces lo había protegido, anunció que acompañaría un pedido de juicio político en su contra.

En su carta de renuncia, Godoy alegó que su decisión se debía a motivos de salud.

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Supuesta corrupción, negligencia y abusos

Miguel Godoy, exdefensor del pueblo.
Miguel Godoy, exdefensor del pueblo.

Miguel Godoy cuenta con un proceso penal abierto por exacción y varias denuncias por presunta agresión, acoso y otras faltas.

Legisladores que promovieron el juicio político en su contra presentaron dos libelos acusatorios en su contra, que suman casi un centenar de causales de destitución, que van desde denuncias penales por malos manejos administrativos y presuntos esquemas de recaudación hasta varias otras por persecución, agresión e inclusive abuso contra funcionarias de la Defensoría.

Además, varios legisladores lo denunciaron por amenazas de “plantar droga” en los vehículos de los diputados que impulsaran el juicio político, al igual que en los de sus familiares.

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