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El Tribunal de Apelación de Paraguarí, integrado por el preopinante Meliano Mereles y los miembros Javier de Jesús Esquivel y Antonio Álvarez, por acuerdo y sentencia N° 59, resolvió declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por el intendente Penayo, en representación de la administración municipal de Caapucú, contra la Sentencia Definitiva N° 02 del pasado 07 del presente mes, dictado por el juez de Ybycuí, Guillermo Ortega.
El juez en lo Penal de Garantía de Ybycuí, Ortega, había emplazado al intendente para que en 72 horas remita informe sobre su gestión de acuerdo a lo solicitado en el amparo. El intendente se negó a brindar informaciones sobre su gestión a los concejales incumpliendo lo que dispone la Ley N°5282/2014 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
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El amparo judicial fue promovido por los concejales municipales colorados Rubén Darío Pedrozo y Cayo Barboza y los ediles liberales Delia Mabel Schupp, Luis Carlos Agüero y Lucas Milán Giménez.
El juicio fue promovido porque el ejecutivo comunal les niega a los concejales el derecho de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental que establece la Ley N° 5282/2014.
Lo que cuestionan al intendente
Los concejales municipales que promovieron el amparo constitucional refieren que el intendente Penayo desde que inició su gestión municipal el 9 de noviembre del 2021, se ha negado sistemáticamente a rendir cuentas a la Junta Municipal.
Además, señalan en su escrito que el intendente en su alevosa demostración de autoritarismo, ignorancia e irresponsabilidad, ha manifestado públicamente en varias ocasiones que “solamente rendirá cuentas al pueblo y no a los concejales”, dejando en evidencia la reticencia de informar como corresponde.
En la Contraloría General de la República(CGR) tampoco rindió en tiempo y forma por lo que aparece en rojo la falta de rendición de cuentas y tampoco se presentó documentación alguna a la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda.
El intendente local tiene esta semana para remitir todas las documentaciones que se le exigen para que los concejales estén informados y también la ciudadanía, atendiendo a que el juez Ortega le ha emplazado en su sentencia 72 horas para remitir las documentaciones al Juzgado.
Mala administración de los recursos
Los concejales alegan que el intendente incurrió en el vaciamiento de la cuenta de royalties de la Municipalidad local, la anterior administración había dejado un saldo de G. 1250 millones. El ejecutivo comunal, Penayo Arce, pagó varios cheques entre noviembre y diciembre del 2021 dejando un irrisorio saldo de G. 6 millones en dicha cuenta cargo Banco Nacional de Fomento (BNF).
Los concejales, desde que asumieron el cargo, se les negó el acceso a la información pública, para poder cotejar en qué se invirtió y quiénes son los supuestos proveedores.
Además piden detalle de cuáles son las supuestas inversiones realizadas, porque en la página de la Municipalidad local y tampoco en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no existe documento alguno del llamado a licitación para construcción de obras o adquisición de algunas maquinarias o servicios.
Descargo del intendente
En su descargo sobre dicho juicio el intendente había ya aclarado al juez Ortega que los denunciantes se muestran como disidentes a su gobierno municipal y han materializado una serie de irregularidades avasallado de la institución que conformaron una mesa directiva irregular.
Asimismo, en este juicio en su descargo el intendente asegura que el rindió cuenta ante otras instituciones de la CGR y desmintió todo el contenido de la denuncia presentada por los ediles.
Dijo que solo le quieren hacer quedar mal ante la ciudadanía y que ellos solo se pasan cuestionando todo el tiempo su gestión.