Varias serían las irregularidades en el derribo de la casa de Juan Baéz, un humilde poblador de la compañía Mbatovi de Paraguarí, quien quedó sin vivienda luego de que oficiales de justicia acudieran hasta donde residía, para hacer cumplir un interdicto a favor de la exviceministra cartista, Marta González, por un terreno en disputa que está ubicado al costado de la ruta que une Paraguarí con Piribebuy.

A criterio del presidente del Colegio de Abogados de Paraguarí, José Luis Recalde, la misma superintendencia de la Corte Suprema de Justicia debía auditar el expediente, luego de que el juez Juan Carlos Zárate lo ordenará tras el fallo que absolvió al periodista de ABC Juan Carlos Lezcano y a la directora, Natalia Zuccolillo, en la querella impulsada por Marta González contra la denuncia de Juan Báez, de la que el diario se hizo eco, sobre la situación que estaba atravesando, ante el riesgo de perder su casa en una disputa iniciada por la exviceministra cartista.

Lea más: “Marta González nos amedrentaba”, sostuvo vecino de exviceministra

Además, también se habría incurrido en una irregularidad si es que la jueza hizo cumplir el interdicto al ser Juan Báez quien contaba con la posesión. Agregó que también escuchó que la propia titular del instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra (INDERT), Gail González Yaluff, declaró que el inmueble figura en catastro a nombre del instituto, o sea, a nombre del Estado Paraguayo. De corroborarse la declaración de la presidenta del Indert, la jueza habría obrado mal, según afirmó José Luiz Recalde.

En ese sentido, dijo que como gremio pueden insistir con la solicitud de auditoría que pesa sobre el expediente, ya que también buscan limpiar las irregularidades que existen en los órganos de justicia de Paraguarí.