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El Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Vicente Bataglia, anunció el 19 de agosto último la adjudicación de una parte del servicio de limpieza a cinco empresas. La previsional decía que con estos contratos se eliminaba cualquier posibilidad de monopolio, “haciendo prevalecer el principio de igualdad y libre competencia entre todos los oferentes”.
Sin embargo, documentación existente en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) evidenció que las empresas adjudicadas por el IPS estaban relacionadas entre sí. Tal es el caso del Consorcio C y M (María Carolina Molas Samudio) con Mimbi SA (José Manuel González-Paolo Miguel Laguardia) y el Consorcio Paraguay CP (Berta Ortellado Madelaire) con Limpiezas Modernas Paraguayas SRL (Rubén Escobar Urbieta), según los detalles.
Pero, el proceso también dejó una “guerra” de acusaciones entre la previsional y la exproveedora mimada; Potî SA, representada por Jorge Palumbo, hijo de Alberto Palumbo, otro conocido proveedor del IPS.
Millonario perjuicio
Una vez notificada sobre la adjudicación, el 30 de agosto de 2022, Potî SA presentó una protesta diciendo que: “la empresa posee interés legítimo a razón de que presentó la mejor oferta elegible que cumple con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y fue irregularmente descalificada por la convocante en el acto administrativo impugnado”.
Según Potî, haciendo una comparación de sus ofertas por cada lote respectivo con los montos adjudicados, existiría un sideral perjuicio patrimonial al IPS, por más de G. 3.309 millones.
La citada empresa ofertó por los cinco lotes G. 69.010 millones, mientras que la adjudicación de la previsional fue por G. 72.319 millones, de acuerdo al comparativo.
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En otra parte de su protesta, Potî SA habla sobre la descalificación del comité evaluador que a través de su informe, primeramente en una de sus fojas, dice que la empresa presenta “las documentaciones solicitadas en tiempo, pero no en forma”.
Para luego, en otro apartado decir que Potî SA no presentó el “Contrato de Subcontratación de Servicios de Limpieza y Esterilización suscripto con VITAL SA”, según relata la compañía.
De acuerdo a Potî SA, existiría “una grave contradicción de parte del Comité Evaluador, que por una parte alega una presentación no adecuada a las formas por parte de la empresa que represento, sin embargo, existe una consulta al respecto, que fue respondida en tiempo y forma”.
Habla de falsificación
Mientras Potî SA denuncia perjuicio y contradicciones, el Consejo de Administración del IPS resolvió el 13 de setiembre de 2022 autorizar a la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a través de la sección de procedimientos jurídicos de la Dirección Operativa de Contrataciones, la presentación de una denuncia ante la DNCP contra la citada firma, por la tipificación de la conducta establecida en el inciso c) del Art. 72 de la Ley 2051/03.
Dicho articulado, establece que la DNCP podrá inhabilitar a los proveedores, oferentes o contratistas que proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación.
Para el IPS, Potî habría incurrido en dicha acción al no poder acreditar el cumplimiento de la exigencia técnica referente a los servicios de limpieza y esterilización profundas de áreas críticas (quirófanos). En caso de que la firma oferente no realice en forma directa esta tarea podía recurrir a la subcontratación, dice el pliego de bases y condiciones.
Según el comité evaluador, Potî para cumplir el requisito habría adjuntado la copia simple de un supuesto documento de autorización emitida por Vital SA. Esta última empresa, sin embargo, mediante un informe dijo que solo suscribió contratos con Mimbi SA, integrante del Consorcio CyM, y Serpar SA, integrante del Consorcio Paraguay CP, ambos recientemente adjudicados.
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“La firma VITAL SA, en respuesta manifestó que no emitió autorización alguna para el suministro de los servicios de limpieza y esterilización a favor de la firma POTÎ SA, en el presente llamado (...) Quedando plenamente comprobado que Potî incurrió en una práctica fraudulenta por lo que fue descalificado”, agrega en otra parte la resolución del IPS.
Un gasto superior a US$ 121 millones
La contratación del servicio de limpieza, desinfección y jardinería del Instituto de Previsión Social (IPS) demandó un gasto superior a G. 836.883 millones, alrededor de US$ 121 millones, en los doce años. Gran parte de esta cifra millonaria terminó en manos de algunas empresas, conectadas a los clanes Palumbo y Escobar.
Según los documentos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Clan Palumbo, integrado por Alberto Palumbo y su hijo Jorge Palumbo, facturó al IPS entre 2010 y 2021 más de G. 403.703 millones, de los cuales G. 203.153 millones corresponden a contratos en gobierno de Horacio Cartes. Los Palumbo aparecen como representantes del Consorcio Garden, Consorcio Green, Consorcio Potî, Potî SA y la unipersonal Alberto Raúl Palumbo.
En tanto, que Claudio Alberto Escobar figura que entre 2011 y este año facturó más de G. 271.381 millones a la previsional. Entre las compañías vinculadas a Escobar están Cevima SA, Consorcio Cevima Renova y Consorcio Porã, de acuerdo a los registros de Contrataciones Públicas.