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Uno de los recursos más importantes de Paraguay sin dudas son los bosques. Sin embargo, cada año, el país va perdiendo los últimos remanentes boscosos como consecuencias de la deforestación a gran escala, sin que el Estado intervenga por evitarlo. Y sin que los responsables sean detenidos.
En 2004 se promulgó una ley conocida como “De deforestación Cero” - extendida por diez años más en el 2020- en la región Oriental del Paraguay. Con esto, quedó prohibido cualquier desmonte o cambio de uso de suelo, que es la denominación técnica que se le da a esta actividad para destinar el terreno a la producción agrícola.
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Sin embargo, datos del sistema satelital Global Forest Watch (GFW) muestran que desde 2004 hasta 2020, se han perdido 1,2 millones de hectáreas en los diez distritos que hacen al Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), dentro de la región oriental. Una superficie similar a los departamentos de Central y Paraguarí, juntos.
El GFW es una plataforma que reporta alertas de deforestación, de incendios y focos de calor a nivel mundial. Es una iniciativa de organizaciones internacionales y la gigante Google. En Paraguay, el propio gobierno, a través del Instituto Forestal Nacional (INFONA), ha establecido convenios con esta plataforma para utilizar su sistema.
En Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú, tres de los departamentos más golpeadas por la deforestación, la fiscalía logró elevar a juicio oral siete casos de 605 procesos abiertos, sobre 833 denuncias recibidas por delitos ambientales entre 2018 y 2022. El fiscal adjunto encargado es Humberto Rosseti.
A nivel país, exceptuando estos departamentos, el Ministerio Público reporta que desde 2015 hasta julio de este año abrió 8.316 investigaciones relacionadas a delitos ambientales. De esta cantidad, se llegó a 774 imputaciones en ese periodo.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez desde marzo de 2018, tiene una unidad especializada en delitos ambientales que funciona desde 2007. Antes, la fiscalía tenía un departamento dedicado al medio ambiente. Actualmente, el fiscal adjunto de la unidad especializada en delitos ambientales es Augusto Salas.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a su vez, ha reportado desde 2020, un total de 33 denuncias ante el Ministerio público para que se investiguen delitos ambientales que han detectado en diferentes zonas del país. Los casos varían desde incendios provocados hasta taponamientos de humedales o desmontes de árboles. Sin embargo, estas denuncias no han tenido mayores resultados.
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Casos mínimos
Las causas de la fiscalía no muestran a grandes deforestadores detrás de las rejas. Ni siquiera son casos vinculados a deforestación. Hay una imputación contra un hombre que estaba pescando en una zona prohibida de Ayolas, en junio de 2018. Encontraron que tenía once especies de boga, una caña de pescar y un paquete con 15 anzuelos. Una condena reciente tiene que ver con un caso donde dos funcionarios de la municipalidad de Minga Guazú, Alto Paraná, por no cumplir con medidas de mitigación. Ambos fueron multados.