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Los doce precandidatos a la Gobernación de Alto Paraná informaron en su declaración jurada los recursos monetarios y no monetarios que destinarán en su campaña proselitista, en cumplimiento de la ley del financiamiento político.
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Entre los aspirantes colorados se declararon los mayores montos que serían gastados en la campaña electoral. Mientras que para las internas de la concertación opositora se comunicaron sumas inferiores.
En tanto, en los sectores independientes -que tienen precandidatura única- la mayoría declaró que no gastará nada en los comicios primarios del 18 de diciembre próximo.
Los precandidatos colorados y sus gastos
En filas del Partido Colorado se alistaron cinco interesados por el sillón del Gobierno Departamental de Alto Paraná, que maneja un presupuesto anual de G. 118.324 millones.
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El médico Carlos Pallarolas Castillo, del movimiento Fuerza Republicano, declaró el más alto plan de gastos de campaña con G. 236.909.675, provenientes de sus ahorros. Pallarolas cuenta con 48 años y es un reconocido neumólogo del IPS y del Hospital Regional de Ciudad del Este.
El médico Iván Sosa Villalba del movimiento Compromiso Republicano, por su parte, informó que gastará G. 100 millones, dinero procedente de su salario. Sosa Villalba tiene 49 años y es funcionario de la Itaipú Binacional.
A su vez, César Torres Arguello, de Honor Colorado, comunicó que planea gastar G. 45 millones y que el origen de estos recursos son las remuneraciones percibidas. Torres cuenta con 39 años y es intendente de Santa Rita, municipio ubicado al sur de Alto Paraná.
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José Cardozo Duarte, del movimiento Innovación Colorada, pretende destinar a su campaña la suma de G. 50 millones, que ganó como honorarios y remuneraciones percibidas en su firma unipersonal. Cardozo Duarte tiene 38 años y es un emprendedor residente en Ciudad del Este.
En tanto, Agustín Acosta, del movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, informó que no tiene presupuestado gastos en la campaña. Acosta es un jubilado de 55 años y está domiciliado en Hernandarias.
Gastos de campaña en la concertación
La Concertación Para un Nuevo Paraguay, coalición opositora liderada por el PLRA, presenta dos precandidaturas para la Gobernación de Alto Paraná.
El comerciante Iván Airaldi Franco, del movimiento Unidos para la Victoria Alto Paraná, declaró que gastará G. 60 millones, fruto de una donación; la identidad del aportante no fue consignada. Airaldi tiene 42 años y es referente de las Mipymes.
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Por el movimiento F.I.L. por la Patria+Encuentro, el abogado Óscar González Drakeford dijo que destinará a su campaña G. 40 millones, proveniente de remuneraciones percibidas en la actividad privada. González Drakeford cuenta con 56 años y fue diputado en el período 2013-2018.
Independientes no gastarán
Los precandidatos a la jefatura departamental comunicaron que no gastarán en los comicios internos, a excepción del economista Daniel Pereira Mujica del movimiento Conciencia Democrática Nacional.
Pereira Mujica informó un plan de gastos de G. 10 millones, originados con sus remuneraciones. Tiene 42 años y se desempeña como director general de la Municipalidad de Ciudad del Este.
La representante del Partido de la Juventud es la abogada Zonia Alfonzo Núñez, tiene 45 años y fue concejal de Minga Guazú en el anterior período 2015-2021.
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En tanto, el arquitecto Raúl Rodríguez Llano es el precandidato del Partido Cruzada Nacional, tiene 61 años y está domiciliado en Ciudad del Este.
El movimiento Nueva República postula a César Gutiérrez Olazar, cuenta con 63 años y es residente de Itakyry, al norte de Alto Paraná.
Dionicio Ortiz Brítez es precandidato del Partido Nacional de la Gente 30A, tiene 41 años, se dedica al sector privado y está domiciliado en Hernandarias.
Deben rendir cuentas tras elecciones
Los montos declarados por los precandidatos son preliminares y el gasto real de la campaña puede variar.
Una vez finalizada la elección, los administradores de campaña deben rendir cuentas de forma documentada sobre los gastos y financistas al Tribunal Superior de Justicia Electoral en un plazo de 60 días, según la ley de financiamiento político.