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Marcio Ferreira Verdi fue el último de los testigos en el primero de los juicios entablados por la exviceministra cartista de Tributación Marta González contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano.
El Secretario Ejecutivo del CIAT depuso vía telemática desde la ciudad de Panamá, donde reside.
“Sí, subcontraté”
A lo largo de su extensa declaración, Ferreira Verdi reconoció en varias oportunidades que el CIAT recurrió a la subcontratación para cumplir con los trabajos de actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu 2.0.
“Pïdo se me permita la falta de humildad, pero el CIAT es la principal organización tributaria internacional”, manifestó al inicio de su declaración.
Ferreira Verdi fue consultado por el juez Wilfrido Peralta si el CIAT había recurrido a otra empresa para cumplir con el contrato de US$ 3,6 millones que le había sido entregado en 2016, durante la administración de Marta González Ayala.
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“El día de hoy puedo tener unos 40 profesionales independientes contratados por el CIAT, que no están en la nómina. Personas jubiladas, jóvenes informáticos”, comenzó diciendo.
“Son contratos para tarea. Siempre contratamos empresas o personas hasta por un tema obligatorio”, agregó.
Ferreira Verdi señaló que se contrata a personas que “agarran nuestro sistema y lo convierten al lenguaje de máquinas”.
“Si yo no usara de subcontrataciones, necesitaría tener 200 personas de planta”, agregó.
“Si usted me pregunta si subcontraté, sí subcontraté una empresa para transformar lo que construimos en lenguaje de máquinas”, dijo
Más adelante, luego de varias preguntas y repreguntas, Ferreira Verdi señaló que en el caso del Marangatu se recurrió a la firma panameña Ideati SA.
Confirma lo publicado
El 27 de marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público, exponiendo desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, prensa e información, datos que debían ser objeto de conocimiento público.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la SET contrató en forma directa y por vía de la excepción al CIAT, una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
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Sin embargo, el CIAT terminó subcontratando a Ideati por no tener, según reconoció el propio Secretario Ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático.
Precisamente, empresas paraguayas de software habían solicitado en 2016 que la SET realizara la licitación en lotes: uno tecnológico y otro tributario. Sin embargo, el alegato para el rechazo fue que el CIAT era el único con la capacidad de ese doble componente para los trabajos necesarios.
Dictamen incompleto
La nota del 27 de marzo de 2019 generó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenara la reapertura de una investigación que terminó diciendo que no encontraron elementos de subcontratación.
Ese dictamen fue firmado por Gustavo Zarza, quien en este juicio reconoció que nunca pidió informes al CIAT al respecto.
Ayer el propio Ferreira Verdi reconoció que sí existió subcontratación por parte del organismo internacional.
Contratos directos
En otro momento, Ferreira Verdi dijo que el organismo internacional al que representa “no participa de licitaciones” y que “en el 98% de los casos” en los que firma contratos con los Estados que forman parte del CIAT son “contratos directos”.
Ferreira Verdi llegó a decir que en el caso Marangatu “fue una contratación directa, no hubo apertura de sobres”. Aunque luego dijo que no se recordaba de dicho acto administrativo.
Sin interés, pero molesto
Al iniciar su testimonio, Ferreira dijo que no tenía interés en la resolución del caso. Sin embargo, había dejado por escrito y ayer volvió a reiterar de forma oral que se sentía molesto por las publicaciones de nuestro diario que generaron la querella de González.
En particular, su molestia -dijo- fue por que se habló del CIAT como una empresa, naturaleza que no corresponde a la organización.
Sin embargo, los abogados de nuestro compañero le leyeron el contrato firmado en 2016 con la SET donde la institución califica al CIAT de “empresa” y estaba su firma plasmada.