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La política penitenciaria está encarada del punto de vista de un negocio sucio y contrario a la constitución nacional y a la ley, según denunció el presidente de la INECIP, Roque Orrego. En el mismo sentido, Juan Martens, especialista en el área, dijo que la cárcel genera mucho dinero y se distribuye entre todos los niveles de los agentes penitenciarios.
Para Martens el problema es que la cárcel es el sitio donde se le da más poder a las facciones que hoy tiene en vilo a la sociedad y “cogobiernan”, porque sustituyen al Estado en esas necesidades básicas que tienen las personas privadas de libertad, según manifestó.
El doctor Orrego explicó que, dentro del sistema penitenciario, se cobra hasta por tener las esposas enfrente o atrás. “Todo tiene precio dentro de la cárcel y el dinero recaudado tiene distintos niveles de distribución”, aseguró.
Agregó que la droga que se vende en las cárceles genera bastante dinero. Citó como ejemplo que la cocaína que se vende dentro de la Penitenciaría de Tacumbú es más barata que la que se vende fuera.
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Estado no tiene soberanía en el sistema penitenciario
Para el presidente del INECIP, el Estado no tiene soberanía en los espacios penitenciarios. La cárcel funciona, pero no para lo que establece la Ley y la Constitución, si funciona para la recaudación y el clientelismo político, según afirmó el doctor Orrego.
“Esa cárcel tiene que ser funcional a la gente que cobra con la explotación del ser humano adentro”, criticó. En ese sentido, explicó que cuando una persona ingresa, quiera o no, va a escoger una facción criminal que le proteja. “Protección a cambio de un monto de dinero o a cambio de favores”, según precisó Orrego.
En ese sentido, Juan Martens comentó cómo Armando Rotela dirige el sistema penitenciario desde su oficina en la Penitenciaría de Tacumbú. Citó cómo ningún ministro pudo sacarlo de ahí, lo que reafirma que quien gobierna es Armando Rotela.
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Dio como ejemplo las requisas que se realizan en las que se encuentran todos los materiales prohibidos; sin embargo, a los 8 días que se vuelve a hacer la requisa, se siguen hallando las mismas.
Mencionó que el pase de estos materiales es una forma de ingreso de dinero que tienen los agentes penitenciarios, por lo que el sistema “está visto como un botín político que sirve para ganar dinero”, según aseveró.
El quiebre del sistema judicial punitivista y el fracaso del sistema penitenciario
Juan Martens criticó que existe un abuso de la prisión preventiva y punitivismo exacerbado del Ministerio Público. Dijo que muchos jueces “creen que son jueces de una edad moderna perimida”. Agregó además que se quieren arreglar problemas sociales con la cárcel.
Sin embargo, criticó que no existe un plan de tratamiento penitenciario, como un programa de desintoxicación. Sostuvo que más de la mitad de los internos son consumidores de sustancias prohibidas, lo que es un problema mayoritario y de salud pública que no se busca solucionar.
Cuestionó además que se está por inaugurar tres cárceles, las que enseguida se van a llenar. Estas penitenciarias tendrán los mismos problemas de las demás penitenciarias, según analizan.
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Citó que el 45% de personas privadas de libertad son reingresantes. El 6% de ese porcentaje regresó por lo menos cinco veces a la cárcel. Esta situación demuestra el fracaso del sistema penal y penitenciario; sin embargo, se sigue apostando por el mismo, según cuestionó Martens.
“Desde 2000 al 2022 tenemos 400% más de encierro y nos sentimos más inseguros”, aseveró, agregando que se vivimos en una situación de pánico social que nos hace invertir más de US$ 1.500 millones por año en cosas que nos hacen sentir más seguros.
Roque Orrego explicó que encerrar de modo violento a la gente va a tender a seguir siendo violenta o a ser más violenta aún. Dijo que actualmente hay 16.000 personas en las cárceles, pero solo 9.000 tienen plaza, según el ministerio de justicia. Las mismas están hacinadas, cuentan con presupuesto para alimentar solo para 9.000 cuando hay 16.000, hay médicos solo para 9.000, violando derechos humanos de entrada, según precisó.
Contó que la posición punitivista que tiene la sociedad y el sistema judicial sufrieron un quiebre el año pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictará una acordada donde dice a los jueces que tienen la responsabilidad de usar como último medio la prisión preventiva.
“Es la primera vez que la CSJ plasma en un documento que el abuso el abuso de la prisión preventiva beneficia al crimen organizado”, resaltó, agregando que, con enviar a más personas a la cárcel, se está fortaleciendo al Primer Comando Capital y al Clan Rotela.