Diputados definen volver a abrir el “chorro” a ONG

La Cámara de Diputados tiene hoy la última palabra para definir si vuelve a abrir la “canilla” de dinero en año electoral a gobernaciones para que estas entreguen esos fondos a organizaciones no gubernamentales (ONG), un esquema que fue aprovechado durante la pandemia para presuntamente desfalcar el dinero público.

El exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) está procesado por presuntamente utilizar organizaciones no gubernamentales para evadir controles de transparencia en el uso de fondos durante la pandemia.
El exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) está procesado por presuntamente utilizar organizaciones no gubernamentales para evadir controles de transparencia en el uso de fondos durante la pandemia.

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Para las 11:00 de hoy se convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, a ser realizada posiblemente en medio de la ordinaria, para tratar tres proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales está el plan que restituye el rubro 800 a gobernaciones para dar fondos a instituciones sin fines de lucro (entre ellas entidades educativas).

Esto había sido prohibido en la ley que establece el Presupuesto de Gastos de la Nación 2022, luego de que los caudales hayan sido utilizados supuestamente en un esquema para evadir controles de transparencia y proceso de contrataciones públicas, caso por el cual están procesados, por ejemplo, el ahora exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR, HC) y otros.

La Cámara de Senadores rechazó el veto del Poder Ejecutivo a dicha ley, alegando que parte de esos desembolsos son para el sostenimiento de instituciones educativas y comisiones vecinales o juntas de saneamiento.

Plenaria de la Cámara de Senadores.
Plenaria de la Cámara de Senadores.

Como mecanismo de control supuestamente se estableció como tope para los desembolsos la cifra equivalente de 40 (cuarenta) salarios mínimos (G. 102.012.280).

Unos G. 11.101 millones para Contraloría

Otro punto que se estudiará en la sesión extraordinaria es el veto del Poder Ejecutivo al aumento de G. 11.101.672.841 para pago de salarios, bonificaciones y gratificaciones para lo que resta del año para funcionarios de la Contraloría General de la República.

Los diputados también tendrán la posibilidad de definir si aceptan o no el veto del Ejecutivo al proyecto de incentivo a transportes eléctricos, que fue ratificado en el Senado.

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