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El proyecto, que cuenta con dictámenes favorables tal como fue aprobado en el Senado, establece la participación del censo como “carga pública”, es decir, todo ciudadano está obligado a proveer datos a los encuestadores y deben permanecer en su hogares hasta ser visitados por los censistas.
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Además, se establece que “durante el día del censo, desde las 05:00 hasta las 18:00 horas quedará suspendida, en todo el territorio de la República, la circulación de medios de transporte de personas y cargas”.
En dicho punto, se especifican como excepciones para esta restricción a “los que se encuentran al servicio del censo, así como el tránsito internacional y los relacionados a servicios de seguridad, asistencia médica pública y privada”.
Esto implica que incluso negocios no indispensables deberán estar cerrados ese día.
Si bien esta obligación y las restricciones tendrán vigencia solamente para el 9 de noviembre, se aclara en el proyecto de ley que las labores del censo pueden continuar hasta por 15 días en zonas rurales.
Préstamo para indemnizar
Un proyecto de ley a ser estudiado hoy en Diputados plantea la autorización de un millonario préstamo para la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), con el objetivo de indemnizar a 564 funcionarios que quedaron sin labores tras el cierre del Puerto de Asunción a orillas del río Paraguay.
La iniciativa estima tendrá un costo de G. 124.006.104.601 (cerca de US$ 20 millones) para unos 594 funcionarios que actualmente no tienen funciones específicas tras el cierre de la terminal portuaria, donde actualmente se encuentra la nueva sede de las oficinas de gobierno.
Para cubrir este monto, la ANNP solicita la autorización para un préstamo de hasta G. 125.000.000.000.
Si bien la propuesta en general no es rechazada por Diputados, de hecho cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, hay quienes plantearon la modificación en el sentido de que Puertos financie con fondos propios de la institución y no contraer una nueva deuda. Otra cuestión que deberá ser analizada es si en la nómina no aparecen funcionarios que ya pueden acogerse a la jubilación.
Se estima que cada funcionario recibirá entre G. 133.931.666 y G. 757.021.311, dependiendo de su nivel de ingresos.
Tampoco hay que dejar de considerar que se trata de un desembolso en año electoral.