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El diputado Ulises Quintana (ANR, cartista) estuvo dos veces preso en el marco de su vinculación con el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y la Cámara Baja le otorgó “permiso” para ir preso. Una vez que recuperó su libertad, ocupó nuevamente su banca en noviembre de 2020.
Además el parlamentario fue declarado “significativamente corrupto” en abril de 2021 por los Estados Unidos debido a su participación en actos de corrupción y supuesto vínculo con el crimen organizado, pero hasta la fecha el Partido Colorado lo sigue cobijando con la excusa de que no cuenta con una sentencia. Incluso, busca su rekutu e inscribió su candidatura por el Movimiento Republicano Paranaense.
Quintana está acusado en la causa conocida como Berilo, tiene libertad ambulatoria y a la espera del juicio. Sin embargo, sus defensores dilatan este proceso judicial con innumerables chicanas.
Entre las pruebas que existen contra el diputado, se tienen unos audios en los cuales se escucha a Cucho dialogar con su abogado Santiago Cano Cubas, con uno de sus prestanombres y presuntos lavadores e incluso con un policía. En todas esas conversaciones existe como punto en común que las soluciones inconvenientes que se presentaban pasaban por el diputado.
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En su acusación, la fiscala Lorena Ledesma destacó que Quintana fue financiado por Cucho, con dinero del narcotráfico, para acceder al cargo, con el objetivo de que utilice su investidura las veces que fuera necesario, para que la organización criminal pueda ejecutar sus actividades ilícitas.
Condenado es candidato a diputado por el cartismo
Víctor Bogado, condenado por el caso “niñera de oro”, es precandidato a diputado por Honor Colorado en Asunción, pese a que el artículo 197 de la Constitución Nacional inhabilita a los condenados por sentencia firme.
El político fue condenado a un año de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena, pero la ANR no expulsó al cartista, es más el Partido Colorado habilitó su precandidatura a la diputación por Asunción.
Aparentemente su condena no “constituye faltas graves a los valores éticos y principios declarados en los Estatutos Partidarios” como para merecer la expulsión.
El exsenador ya cumplió la obligación de donar G. 480 millones a entidades de beneficencia. El pago, que cierra la aceptación de su condena firme, se dio luego de innumerables chicanas, desde que fuera imputado en octubre de 2013 y sentenciado en mayo de 2019, pasando a ser el primer legislador en recibir una pena judicial.
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Víctor Bogado alegó en su defensa que el haber pagado la multa no implica haber “reconocido” ninguna sentencia judicial. Dijo además que la causa está por extinguirse y que nunca hubo un pena privativa de libertad.
Es más, para el presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Santiago Brizuela, Víctor Bogado está habilitado a ser candidato y no hay ningún impedimento legal.
Indicó que como no existe una pena privativa de libertad, debe aceptarse la candidatura por básicos constitucionales.