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La Cámara de Diputados había logrado tratar 5 puntos en el orden del día de la sesión ordinaria y agotar otro 3 en una extraordinaria intermedia, sin embargo, la sesión se dejó sin quórum justo cuando se empezó a tratar el proyecto de ley con media sanción del Senado “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”.
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Una de las impulsoras, la diputada Kattya González (PEN) intentó apurar el tratamiento -a sabiendas de que estaban al filo de quedar sin quórum- argumentando brevemente la importancia del mismo y comunicando que habían dictaminado a favor en las comisiones de Cuentas y Control y Legislación, agregando que la iniciativa hace tiempo viene siendo discutida.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) planteó la modificación de dos artículos (3 incico G y 20 incido D), según lo resuelto en la Comisión de Presupuesto, limitando el alcance de las restricciones de la ley solamente a grupo familiar conformado por ”cónyuge, conviviente o concubino e hijos de mayores de edad”.
La sugerencia de la Comisión de Presupuesto era testar la parte que incluía a “parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo por afinidad, incluidas las personas sujetas a tutela o curatela”, es decir, eliminar las restricciones para hermanos, cuñados, etc.
“Esto no le va a afectar a Santiago Peña y su papá. De hecho que acá ya no hay nadie. Ni les importa, pero si nos va a afectar al resto cuando me digan: Cómo vas a ser ministra de Agricultura si tu hermano es veterinario o tiene estancias. Me parece una exageración que no conduce e nada incluir a más miembros de la familia, porque finalmente, los que quieren hacer mal las cosas, las hacen”, dijo Amarilla.
Tras su intervención, se verificó en dos ocasiones el quórum, constatando en ambas ocasiones que ya no se contaba con la cantidad mínima de legisladores presente para continuar el tratamiento, por lo que quedó pendiente a un nuevo estudio.
¿Qué plantea el proyecto contra conflicto de intereses y qué son las ‘puertas giratorias’?
El proyecto en cuestión es una iniciativa parlamentaria, con respaldo de Ejecutivo, que plantea restricciones y sanciones para altos funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, a fin de evitar que incurran en conflicto de intereses, impidiendoles participar (personalmente o a través de familiares) de empresas que tengan licitaciones con el Estado y también se dispone imponer la obligación de inhibirse o incluso ser recusados cuando deban intervenir o tomar decisiones que puedan confrontar con sus intereses personales, laborales, económicos, financieros y profesionales.
También se plantea impedir que altos funcionarios estatales, con poder de decisión en políticas públicas, manejo de presupuesto o acceso a información privilegiada, puedan ser contratados por el margen de un año tras su egreso de la función pública, por empresas privadas del mismo rubro en el que se desempeñaron.