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En sesión ordinaria de hoy, la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo el cambio de fuente de financiamiento para calzar el presupuesto general del Estado de este año. Esos US$ 140 millones de deuda ya fueron autorizados durante el estudio del presupuesto 2022, pero se estableció que serían obtenidos mediante la colocación de bonos.
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Sin embargo, la situación actual del mercado de valores hizo que las condiciones ofrecidas sean menos convenientes que asumir créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
De esta manera, en vez de emitir al mercado bonos soberanos por US$ 140 millones, se acordó tomar un préstamo por US$ 90 millones con el BID para “apoyo a políticas públicas para la nueva economía” y otro de US$ 50 millones con el CAF para “apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”.
“La modificación actual no altera el monto del endeudamiento autorizado para el presente ejercicio fiscal, sino que se ajusta al mismo y provee de los fondos necesarios para el financiamiento de los gastos presupuestarios en condiciones más favorables”, argumentó el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista).
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Si bien en este caso no implica un mayor endeudamiento a lo ya autorizado a comienzos del año, varios legisladores no dejaron de alertar y cuestionar que el gobierno esté sobrepasando el nivel de endeudamiento autorizado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El diputado Celso Kennedy (PLRA) expresó que, en este caso, la Cámara Baja no tenía muchas alternativas, ya que la deuda ya estaba autorizada y se iba a asumir como sea, y que lo único que quedaba en sus manos era tratar de conseguir condiciones e intereses más favorables.
Traban más ampliaciones
La sesión ordinaria de hoy fue dejada sin quorum adrede para evitar tratar otros varios préstamos y ampliaciones presupuestarias para diversas instituciones.
La única aprobada fue una ampliación de G. 6.100.000.000 (poco menos de US$ 1 millón) para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (Ineram), con el argumento de que era para una institución de salud con probada gestión durante la pandemia, que el dinero será utilizado para cubrir gastos operativos y que la iniciativa surgió del Legislativo y no del Ejecutivo.
En contrapartida, el pleno del Senado rechazó una ampliación de G. 4.592.426.174 solicitada para el Ejecutivo para contratación de personal de Migraciones para controles fronterizos en distintos puestos del país.