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El pasado 24 de agosto el Poder Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Federico González, nota mediante, solicitó la intervención de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú administrada por el cartista Gustavo Rodríguez, quien fue reelecto y ahora busca una banca en Diputados. El documento tuvo mesa de entrada y recién el 30 de agosto llegó hasta la Cámara Baja y su evolución indica que “sigue en trámite”.
Los ediles municipales acompañados por miembros de la Contraloría Ciudadana de San Pedro se reunieron con los Diputados esta mañana e indicaron su preocupación debido al lento avance del pedido. Esto teniendo en cuenta que la Junta Municipal aprobó la intervención municipal ya el pasado 8 de junio.
La comitiva sampedrana indicó que la Comuna se encuentra en un caos financiero, administrativo y operativo.
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Causales del pedido de intervención
El rechazo del balance del ejercicio fiscal 2021 por graves irregularidades detectadas, que el Ejecutivo Municipal no ha podido responder. Dictamen final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría General de la República, luego de la auditoría solicitada por la Junta Municipal.
Además de la denuncia penal contra el intendente Gustavo Rodríguez, presentada por 7 concejales, en la Unidad Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Otra de las causales es que el municipio no recibe recursos de royalties y Fonacide por adeudar al Ministerio de Hacienda, por falta de rendición de cuentas en ejercicios anteriores. La mayoría de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad ha renunciado por falta de pago de salarios con atrasos de hasta 8 meses. Además de la falta de pago de dietas a los concejales municipales. El jefe comunal además se encuentra inhabilitado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) para firmar cheques.
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En tanto que la Municipalidad adeuda a la OPACI por la expedición de licencias de conducir, por lo cual está hoy inhabilitada para ofrecer este servicio. Mientras que el matadero y el vertedero municipal están inhabilitados por Senacsa y el Mades, pero pese a eso siguen en funcionamiento de manera irregular.