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La abogada Olga Rojas, funcionaria de la Contraloría que se representa a sí misma en calidad de víctima en una demanda por estafa, apropiación indebida y lesión de confianza contra miembros de la aso de funcionarios de esta entidad, denunció que existe complicidad entre el juez penal de Garantías del Juzgado Nº 11, Yoan Paul López y el abogado Santiago Brizuela, defensor de uno de los acusados por la causa de estafa.
Una particularidad es que el abogado Santiago Brizuela, quien es señalado por la doctora Olga Rojas por litigar de mala fe, es nada menos que el presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
El caso que está ya judicializado, con imputaciones, acusaciones e incluso una elevación de la causa a juicio oral, se trata de un desfalco a los socios en la Aso de la institución. Estos sufrían descuentos de sus sueldos para pagar las cuotas de los préstamos que les fueron otorgados, pero la Aso no pagaba este dinero a las entidades bancarias, por lo que todos terminaron endeudados.
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Acusados aún siguen en cargos directivos
Los acusados son los entonces miembros de la comisión directiva de la Aso, quienes son Adalberto Arévalos, Alberto Vargas, Édgar Ramón Cáceres, Claudeline Luz Yudis y Freddy Núñez.
El abogado Santiago Brizuela es defensor solamente de Adalberto Arévalos, pero las chicanas que viene interponiendo benefician a todos los acusados, porque dilatan el inicio del juicio.
Increíblemente, Adalberto Arévalos sigue ocupando un cargo de director en la Contraloría pese a tener este proceso encima, así como también los demás acusados, que ocupan cargos de jefatura hasta la actualidad en la mencionada institución.
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Debían ir a juicio desde 2019
La abogada Olga Rojas indicó que la causa está elevada a juicio oral y público desde 2019. Pero, increíblemente, estamos en el 2022, “y todavía no se puede fijar una fecha para juicio”, reclamó.
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Como estrategia para frenar el juicio, el abogado Santiago Brizuela solicitó al juez que revise su providencia sobre la conformación del Tribunal, pues la parte considera que está incorrecta. A su vez, pidió que se envíe esta al Tribunal de Apelación para revisión de lo que se considera incorrecto.
La jurista explicó que este proceder es incorrecto, “cuando ya existía una resolución en el 2019 que ordenaba lo mismo”. Sostuvo que solo se haría “para favorecer al defensor”.
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Juez ya no tenía competencia
Olga Rojas enfatizó en que el juez Yoan Paul López ya no tenía competencia en la causa, sino que debía entender el Tribunal de Sentencia que ya había sido sorteado.
Pero, según Rojas, Santiago Brizuela siguió torciendo procedimientos, y puso la reposición a través del Juzgado de Atención Permanente, tratando de burlar al sistema informático que ya había desvinculado al juez Yoan Paul López. “Hasta el sistema ya le indicaba que el tribunal era el competente, y el insistió en torcer el proceso”, reclamó la abogada querellante.
El proceso, que ahora está en Apelación, tampoco puede avanzar, porque los jueces están de vacaciones.
La aso de la Contraloría tenía todo un mecanismo para bicicletear el dinero. Solo ocho funcionarios de todos los afectados se animaron a denunciar el caso a la Fiscalía.
Robaron documentos probatorios
No se hizo pericia de los documentos contables porque robaron los papeles, dice la denunciante. Calculan los denunciantes que se habrían robado más de G. 1.000 millones. Según la abogada, la expectativa de pena es entre 10 y 15 años por concurso delictivo.